Contrabando carnavalesco: la Aduana secuestró en Gualeguaychú ropa y artículos de cotillón por más de $60 millones

El equipo económico sigue mostrando los dientes fiscales, como quedó evidenciado en una nueva operación de la Dirección General de Aduanas-AFIP en la que se incautaron en Gualeguaychú más de $ 60 millones de mercadería de contrabando, presuntamente apuntando a la temporada del carnaval en esa ciudad balnearia.

La operación tuvo lugar a partir de diferentes controles realizados en la intersección de la Ruta Nacional 12 y Provincial 20, sobre la ciudad entrerriana.

Durante un control de rutina se inspeccionaron diferentes vehículos. En una de esas operaciones se detectó un camión que traía una gran cantidad de encomiendas “y que por su tipo de embalaje, características, origen y destino permitieron inferir que se trataba de mercadería de origen extranjero”, señaló un comunicado del organismo que encabeza Guillermo Michel, uno de los miembros del equipo económico más cercanos al ministro Sergio Massa.

Ante la exigencia de la documentación que respaldara el legítimo ingreso de la mercancía al país, los agentes de la Aduana solo recibieron evasivas de parte del conductor.

Consecuentemente los agentes aduaneros procedieron al secuestro de la carga, que incluía anteojos de sol y de cotillón, corbatas, corpiños, bombachas, medias panty, inflables playeros, vasos térmicos, prendas de vestir, calzados, corbatas, hamacas paraguayas y más artículos.

“Todo ello por tratarse de mercadería en plaza sin el correspondiente aval aduanero, conforme los artículos 985 y 987 de la ley 22.415 (esto es, el código aduanero)”, explicó la agencia aduanera.

Según las estimaciones del organismo, el valor total en plaza de la mercadería incautada supera los 60 millones de pesos, lo que daría lugar a la aplicación de multas por hasta 5 veces ese monto, esto es, una multa de hasta 300 millones de pesos.

La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos, a cargo del juez Hernan Viri.

Las fuentes de la Aduana señalaron que las acciones de fiscalización e incautación se enmarcan dentro de los lineamientos planteados por Michel quien señaló la necesidad de “darle confianza, fortaleza y credibilidad a la moneda nacional y que la industria argentina no tenga que competir con mercadería importada de manera desleal, con contrabando”.

Además de intentar contener el gasto público a través de medidas como el retiro gradual de los subsidios a las tarifas eléctricas, de gas y de agua, el gobierno está realizando un minucioso trabajo de combate a la evasión fiscal e incluso para desalentar operaciones especulativas como el “abuso” de medidas cautelares para realizar “importaciones preventivas” o directamente operaciones delictivas.

El propio Fondo Monetario Internacional, que el viernes por la noche dio el visto bueno técnico a la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina (falta la aprobación del directorio, que ocurrirá antes de fin de año y habilitará desembolsos por cerca de USD 6.000 millones) enfatizó en un comunicado los esfuerzos de la gestión económica por “movilizar” nuevos ingresos.

Entre ellos se incluye el acuerdo de intercambio automático de información fiscal entre que la Argentina firmará mañana lunes con EEUU en un acto al mediodía en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y que, según dijo Massa este domingo, en declaraciones radiales, habilitará información sobre cuentas individuales de argentinos, cuentas de empresas que tengan a argentinos como beneficiarios finales y cuentas de Trusts que tengan a argentinos como integrantes o beneficiarios.

Si de esa información surgen datos sobre activos no declarados, la AFIP iniciará las acciones correspondientes de combate y castigo a la evasión e incluso podrían habilitarse causas penales.

Además, señaló Massa, si se detectan bienes de argentinos que se acogieron al blanqueo de capitales 2016/2017 pero que no declararon el total de sus bienes o que luego del blanqueo incorporaron nuevos bienes, no declarados, a su patrimonio, la situación dará lugar a que “caiga” el acuerdo de blanqueo de la empresa o particular con la AFIP, lo que también habilitaría a sanciones tributarias o eventualmente penales.

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