Con una nueva proyección de inflación, Martín Guzmán presentará el decreto que actualizará el Presupuesto

El Gobierno oficializará en las próximas horas un decreto que actualizará las partidas presupuestarias vigentes, que son las de 2021 tras el rechazo en el Congreso del proyecto oficial de ingresos y gastos para 2022. Forma parte de la hoja de ruta consensuada con el FMI -aunque se trataba de un objetivo a alcanzar a mediados de abril- y tendrá no solo nuevos límites de erogaciones para distintas áreas del Estado sino también una actualización clave: la proyección de inflación nueva, tras el pico del IPC en los últimos meses.

La nueva proyección de inflación, que estará más cerca del 72% que espera el mercado según el REM que elabora el Banco Central que del 48% como tope anual que habían planteado el Gobierno y el FMI, quedará explicitada en ese decreto de actualización de partidas que terminó de diseñar el Ministerio de Economía en los últimos días. El proyecto de ley original fue rechazado por el Congreso y, en la actualidad, el sector público trabaja con los números del presupuesto del año pasado.

El rechazo de la ley de leyes, en diciembre pasado, fue un golpe duro a la hoja de ruta que se había planteado el ministro de Economía Martín Guzmán en la negociación con el FMI. El paso a paso de las negociaciones implicaba a fines del año pasado que el Gobierno nacional debía tener aprobado en el Congreso el Presupuesto 2022 como una de las “acciones previas” a la concreción de un entendimiento técnico.

Tras el rechazo sobre la hora que tuvo el proyecto oficial, el Gobierno tuvo que cambiar su plan original. Guzmán salió a decir incluso, horas después, que no podría diseñarse un nuevo presupuesto con variables actualizadas porque llevaría meses de elaboración.

El decreto que afina el Gobierno tendrá no solo nuevos límites de erogaciones para distintas áreas del Estado sino también una actualización clave: la proyección de inflación nueva tras el pico del IPC en los últimos meses

Resulta que una de las críticas más repetidas en la oposición a esa iniciativa rechazada era que los supuestos macroeconómicos explicitados en ese proyecto habían quedado vetustos. Como referencia, se planteaba un horizonte de inflación para 2022 de 33% anual y de poco más de 40% para 2021. La aceleración de precios de la última parte del año hizo terminar el IPC anual en casi 51% y el propio programa con el FMI terminó por convalidar un arco de inflación de entre 38 y 48%, una proyección que también ya quedó atrasada.

De acuerdo a lo previsto con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo, algo que el Poder Ejecutivo recién podrá concretar dos meses después de ese primer mojón en el calendario. Ahora bien, ¿qué implica una “readecuación” presupuestaria como la que llevaría adelante el Gobierno?

Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.

El Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.

Hacia adelante, luego de terminar la revisión de metas del primer trimestre, el Gobierno continua con la negociación con el FMI con otras cuestiones aún sin cerrar. El principal eje a negociar es el de acumulación de reservas, que en el Poder Ejecutivo leen como el más importante y el más difícil de alcanzar.

El punto de acuerdo entre el organismo financiero y la Casa Rosada en los intercambios técnicos de las últimas semanas fue no cambiar la meta final. Es decir, hacia fines de este año, la autoridad monetaria debería haber acumulado USD 5.800 millones de forma neta por sobre el nivel que tenían al finalizar el 2021. Lo que sí es materia de discusión es la “secuencia” que debería tener ese sendero en los próximos meses.

Hacia adelante, luego de terminar la revisión de metas del primer trimestre, el Gobierno continua con la negociación con el FMI con otras cuestiones aún sin cerrar. El principal eje a negociar es el de acumulación de reservas

La primera fecha de corte fue el 31 de marzo, con una exigencia de acopio de dólares en la entidad que conduce Miguel Pesce que no representó un desafío, ya que se trataba de solamente USD 1.200 millones. Esa cifra fue alcanzada a través de la compra de divisas por parte del BCRA pero también por el propio financiamiento neto el FMI envió a la Argentina en su primer desembolso.

El segundo trimestre preveía una aceleración en la acumulación de reservas, algo que no sucedió. Cuando termine este mes, la autoridad monetaria debería tener, según el programa original, en sus reservas USD 4.100 millones más en términos netos de lo que tenía a diciembre del año pasado, tal la definición que acordaron la Casa Rosada y el Fondo Monetario.

Para el caso de las metas de déficit primario y de asistencia monetaria desde el BCRA sucede lo mismo: las metas anuales no se tocarán por el momento, pero sí habrá algún reajuste trimestral. Para estos dos ejemplos un elemento a tener en cuenta será la nueva proyección de inflación que presentará el Gobierno en su decreto presupuestario. Esto sucede porque una estimación de suba de precios mayor modifica en términos nominales los objetivos intermedios de este año.

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