Superyates, oligarcas rusos y la diferencia entre incautar una nave y comprobar a quién pertenece: un desafío opuesto a “La caza del Octubre Rojo”

Aunque en su desesperación algunos capitanes de yates de presuntos oligarcas rusos apagaron sus sistemas de rastreo para evitar que la nave sea detectada e inmovilizada en cumplimiento de las sanciones y represalias económicas dispuestas por los gobiernos occidentales a raíz de la invasión y brutal agresión de Rusia a Ucrania, el número de embarcaciones capturadas crece semana a semana.

Pero una cosa es detectar e inmovilizar una embarcación, procedimiento relativamente sencillo que pueden cumplir las autoridades portuarias de los países donde se procede a la captura, y otra establecer legalmente quién es el “beneficiario final”, esto es el verdadero dueño de yates que pueden valer centenares de millones de dólares.

El procedimiento jurídico es tortuoso y puede demandar mucho tiempo, lo que lleva a otra cuestión: quién se hace cargo de activos de mantenimiento complejo y costoso, que requiere la atención dedicada de personal experto. Sin esos cuidados, las embarcaciones pueden deteriorarse rápidamente y perder gran parte de su valor.

A lo largo de marzo Italia incautó un superyate de cerca de USD 580 millones de valor, cuyo dueño sería Andrey Melnichenko, Francia detuvo uno de USD 120 millones, presuntamente de Igor Sechin, y España hizo lo propio con otro de USD 153 millones que se relacionó con Sergei Chemezov. Más recientemente, se detectó la presencia en Italia de otro superyate que estaría directamente ligado al presidente ruso, Vladimir Putin; su tripulación desapareció y la nave está ahora al cuidado de marinos británicos.

Con una fortuna estimada en USD 17.000 millones, Melnichenko trepó al Top 100 del ranking de multimillonarios mundiales de Forbes y desde 2007 integra el Consejo de Administración de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, en la que preside la Comisión de Minería, sector clave del poderío económico ruso. Sechin es un hombre de confianza de Putin, a quien acompañó como funcionario en su ascenso al poder y es presidente y CEO de Rosneft, una gran petrolera rusa de la cual recientemente la británica BP decidió vender una participación del 20 por ciento. Chemezov, ex agente de la KGB, es CEO de Rostec, una corporación estatal rusa de defensa y, según los Pandora Papers. tiene una amplísima red de activos externos. Esto es, son lo que conoce como “oligarcas”, suerte de tentáculos económicos del poder del Kremlin, que deben toda o buena parte de su fortuna a la cercanía con Putin.

Desbande

El desbande de los superyates ocurrió luego de que el jefe de la Casa Blanca, Joseph Biden, dijera que EEUU y sus aliados confiscarán barcos, apartamentos de lujo y jets privados de multimillonarios rusos con conexiones políticas. Washington anunció la ampliación de las sanciones dirigidas a docenas de oligarcas acusados de facilitar los planes bélicos de Putin. “Vamos por sus ganancias mal habidas”, afirmó Biden.

Según la agencia Bloomberg, “al menos nueve yates relacionados con magnates rusos se han escondido entre el 24 de febrero -cuando comenzó la invasión de Ucrania- y el 11 de marzo, cuando Biden anunció sanciones adicionales contra empresarios cercanos a Putin, junto con al menos 47 de sus familiares y asociados”. Pero probar que los barcos incautados son realmente de esas personas es mucho más complicado que detenerlos, y vincularlos a actividades criminales, más complejo aún.

Detener e incautar un buque es sencillo: lo único que se necesita es recurrir a una autoridad portuaria y que ésta transmita la orden al capitán de la embarcación. La parte más difícil es hacer la conexión entre el dueño registrado y el beneficiario final o verdadero dueño, dijo Benjamin Maltby, socio del estudio jurídico británico Keystone Law, y experto en activos de lujo, a Business Insider, una publicación de EEUU.

Todd Roberts, presidente de Marine Boat Works, en California, dijo por su parte que es altamente inusual que un gobierno incaute una embarcación, a menos que ésta haya estado involucrado en un crimen. Lo que está sucediendo con los yates de presuntos “oligarcas”, dijo, no tiene precedentes.

La incautación, aunque permite a las autoridades quedarse temporariamente con el yate, no les otorga su propiedad. Para lograrlo, necesitan probar la comisión de un crimen asociado a la embarcación o a su dueño.

Cualquiera en Inglaterra, alguien de la oficina de la Oficina de Autoridad Portuario o un oficial policial portuario solo necesita atravesar el puente del yate, dirigirse al capitán y entregarle un papel que le prohíbe zarpar, observó Maltby. En cualquier puerto o embarcadero del mundo los oficiales tienen autoridad para ordenar a la tripulación de un barco o yate donde debe ir, si es que puede entrar a puerto o si puede partir. Certificar quién es el dueño es mucho más complejo. “Es un gran salto decir que estos yates son rusos; tal vez el beneficiario (dueño final) lo sea, pero son operados por contratistas, explicó Maltby.

Activos incautables

Los yates son activos incautables en función de los pasivos del dueño, por lo que éste usualmente no quiere que se sepa que lo es y pone el título a nombre de otra persona o compañía con domicilio en una jurisdicción offshore que puede que no haga ningún tipo de negocios. Son dueños nominales, típicamente empleados de la firma legal o el proveedor de servicios corporativos del dueño final.

Todas las embarcaciones deben ser registradas. El registro es público, pero quienes figuran allí no son personas ultra-ricas, sino más bien asistentes, secretarios, prestanombres del bufete de abogados el proveedor de servicios corporativos del dueño final, explicó Maltby. Acceder al contrato de nominación entre el dueño y la firma o persona que figura como dueño registrado no es sencillo. El procedimiento puede llevar años.

Mientras tanto, activos de tecnología y mantenimiento complejo quedan al garete. Si bien los supuestos dueños –en este caso, supuestos oligarcas rusos- son responsables del mantenimiento, si las autoridades portuarias del país donde se hizo la incautación no se hacen cargo, el superyate se deteriora y pierde valor rápidamente.

La caza del Octubre Rojo

En cierta forma, la actual situación es opuesta a la planteada en “La caza del Octubre Rojo”, de Tom Clancy, autor norteamericano de ficciones usualmente ambientadas en la Guerra Fría, en la que se sabía perfectamente la propiedad de la nave y la cuestión era capturarla o eliminarla.

La novela fue llevada al cine en 1990, con la película homónima: Marko Ramius, capitán de un submarino soviético de avanzada tecnología y armamento nuclear, decide desertar y entregarse con su tripulación en EEUU, pero es detectado por Jack Ryan, un analista de la CIA, que informa a los marinos norteamericanos, quienes entran en alerta, al igual que sus pares de Moscú.

En la película, Alec Baldwin, que interpreta a Ryan, fue eclipsado por Sean Connery, el primer y clásico James Bond de la saga de Ian Fleming, que interpreta a Ramius, un marino lituano que había llegado a tener la mayor confianza de Armada Soviética.

Clancy mezcló, a su gusto, dos hechos reales; uno protagonizado en los 60s por Jonas Pleskys, un oficial lituano de la armada soviética que entregó su submarino en Suecia y fue luego protegido por EEUU en Guatemala, y un motín en una fragata soviética en los 70s, de diferente final: la rebelión fracasó y el oficial que la lideró, Valery Sablin, fue juzgado por una corte marcial y ejecutado.

La novela de Clancy gustó tanto a los marinos norteamericanos que fue originalmente publicada por el Instituto Naval de EEUU.

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