Paso a paso, cómo fue el proceso de renegociación de la deuda con los acreedores privados

El Gobierno terminó este viernes de resolver uno de los capítulos más difíciles de la agenda económica que tenía apenas asumió: reestructurar una mochila de deuda con los acreedores privados por casi USD 65.000 millones. No fue tarea sencilla y ambas partes fueron cediendo posiciones con el correr de los meses, ya que las negociaciones arrancaron durante el verano, pero finalmente el acuerdo se alcanzó en torno a un valor de USD 55 por cada USD 100, que era la cifra de consenso del mercado desde un comienzo. ¿Cómo fue todo el proceso y cuáles serán los próximos pasos para que la Argentina termine de despejar su horizonte financiero en los próximos cuatro años?

La primera oferta formal del Gobierno fue presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) el 22 de abril y estuvo abierta hasta el 8 de mayo. Pero no tuvo éxito. Aunque Economía nunca confirmó el número de adhesiones que tuvo esa propuesta, en ese momento trascendió que no había llegado al 15%.

En esa oportunidad, el planteo oficial fue canjear 21 títulos en circulación por otros 10 nuevos con vencimientos hasta 2047, un promedio de cupón de 2,33% y un plazo de gracia de tres años. Se preveía una quita en los intereses del 62% y del 5,4% sobre el capital. Los cupones iban a empezar a pagarse en 2023, de forma escalonada.

El mismo día en que fue presentada esta primera oferta ante el organismo regulador vencieron los primeros USD 503 millones de intereses de un bono global que la Argentina no pagó y que entraron en default a los 30 días (22 de mayo).

Llegó el 8 de mayo y la decisión del Palacio de Hacienda fue otorgar una primera prórroga, hasta el 22 de ese mes. En esa oportunidad, el Gobierno dijo que estaba dispuesto a escuchar “contraofertas” de los bonistas y que nadie quería entrar en cesación de pagos. “Esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la República Argentina con sus acreedores para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera”, decía la resolución oficial.

A la semana, el equipo económico recibió contrapropuestas de los tres grupos de acreedores: Ad Hoc, liderado por Blackrock; Exchange Bondholders, encabezado por el fondo Monarch; y el Comité de Acreedores, que tenía como figura negociadora a Hans Humes, de Greylock. En todos los casos, el Valor Presente Neto (VPN) superaba los USD 58 por cada USD 100 (en el caso de Ad Hoc, llegaba a USD 60), cuando la oferta oficial rondaba los USD 40, siempre a una tasa de descuento del 10 por ciento.

Las propuestas no fueron aceptadas por las autoridades, por lo que el 22 de mayo la Argentina cayó en su primer default desde el cambio de Gobierno y volvió a extender el canje hasta el 2 de junio. Casi en simultáneo que las autoridades recibieron las contrapropuestas de los fondos, Economía difundió una mejora a su oferta, que llevó el VPN a USD 47 y obtuvo el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) en términos de sustentabilidad.

A comienzos de junio, el staff técnico del organismo planteó que la propuesta mejorada informada por el Gobierno a los bonistas -que no terminó de formalizarse ante la SEC- “sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad” y también expresó que había un margen limitado para mejorarla. En esa oportunidad, fuentes conocedoras de la posición del FMI dijeron que el Gobierno podía estirarse hasta los USD 50.

Al día siguiente, llegó la tercera prórroga del plazo del canje, hasta el 12 de junio. Y acuerdos de confidencialidad mediante, ese día se postergó todavía una semana más. “Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad”, precisó el titular del Palacio de Hacienda en un comunicado. “Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, agregó el parte de prensa.

Esos acuerdos de confidencialidad fracasaron y el Gobierno no avanzó con el plan que tenía: presentar en esa oportunidad la enmienda a la oferta. El 19 de junio prorrogó, por quinta vez, el plazo del canje hasta el 24 de julio. La enmienda finalmente fue presentada el 6 de julio y el período dispuesto fue hasta el 4 de agosto.

Esta oferta mejoró el VPN hasta los USD 53,50, lo que hizo que algunos fondos salieran públicamente a apoyarla, como fue el caso de Fintech y Gramercy. Los otros, en tanto, siguieron intentando sacar una mayor tajada. Incluso, la última jugada fue presentar una nueva contrapropuesta entre los tres grupos que en reiteradas oportunidades fue rechazada por el Gobierno. Implicaba un valor de USD 56,50 y algunas modificaciones legales respecto de las cláusulas de reasignación y el Pacman.

Pero ese 4 de agosto que vencía el plazo de la última oferta el Gobierno y los acreedores anunciaron un acuerdo. Mediante un comunicado conjunto, los bonistas afirmaron que el entendimiento proporcionará “un sendero sostenible” para salir de la pandemia y un “acceso renovado a los mercados de capitales internacionales” para alentar la inversión. “El acuerdo es un buen resultado para todos los participantes y entrega una oferta que todos los acreedores deberían apoyar”, dijeron los acreedores en esa oportunidad.

El acuerdo se logró a partir de que el Gobierno aceptara, mediante el adelantamiento de plazos de pago, mejorar el VPN de la oferta hasta los casi USD 55 por cada USD 100. Además, avanzó con cambios legales en las Cláusulas de Acción Colectivas (CACs) para autolimitarse en el uso de la reasignación y el pacman, que eran mirados con mucha desconfianza por parte de los inversores.

El plazo se extendió hasta el 24 y luego, como la última enmienda se postergó algunos días y no pudo presentarse el 14 sino el 18, se corrió cuatro días más. Sucede que los acreedores deben tener legalmente un mínimo de diez días para evaluar si entran o no al canje. El 28 llegó y también el cierre final de un proceso que duró varios meses más de los previstos. Pero terminó con un altísimo nivel de adhesión.

A partir de ahora, el Gobierno deberá comenzar una negociación casi tan o más dura con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual debe reestructurar unos USD 45.000 millones que vencen entre 2021 y 2023.

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