Tal como había adelantado Infobae, el Gobierno oficializó la extensión de los Precios Máximos durante los próximos 60 días, es decir, hasta el 30 de agosto inclusive. De esta forma, más de 2.000 productos mantendrán su valor de comercialización, aunque el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le garantizó al presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, que permitirán algunas subas muy puntuales.

“Prorrógase la vigencia estipulada en el Artículo 9º de la Resolución Nº 100 de fecha 19 de marzo de 2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo y sus modificatorias, hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive”, detalló el artículo 1º de la Resolución 200/2020, que fue publicada en el Boletín Oficial de este miércoles.

Asimismo, la medida aclaró que el plazo estipulado “podrá ser prorrogado en atención a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19″ y que entró en vigencia este mismo 1º de julio.

Entre los considerandos se recordó que es deber del Gobierno nacional “garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva” y que la Autoridad de Aplicación está facultada para establecer “márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”.

A su vez, se destacó que a raíz de las necesidades sanitarias para contener y mitigar el avance de la pandemia, “se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de higiene y cuidado personal”, los cuales “resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”.

En consecuencia, el 19 de marzo la Secretaría de Comercio Interior había decidido mantener los bienes de consumo general a los valores vigentes al 6 de marzo de 2020 y extender la fijación de esos precios durante 30 días corridos. Con los mismos argumentos, posteriormente prorrogó esa iniciativa en dos ocasiones, al igual que esta vez definió una nueva extensión, manteniendo la vigencia de esos valores hasta fin de agosto, con el objeto de “salvaguardar el bienestar del pueblo argentino y asegurar el acceso a los bienes de consumo general esenciales en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas”.

Para anticiparle esta definición, el ministro Matías Kulfas había llamado en la noche del lunes al titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja. Si bien la extensión del programa, que mantiene congelados los valores de más de 2.000 productos de consumo masivo desde el 20 de marzo, no generó tanto asombro, sí sorprendió que se tratara de 60 días más. De todas formas, Kulfas le avisó que van a autorizar “micro” ajustes en algunos sectores/empresas muy puntuales, lo que generó algo de expectativa entre los empresarios.

¿Quiénes serán los elegidos? Esa es la gran pregunta que se hacen los industriales, aunque varios coinciden en que los más afectados por la suba del dólar –que escaló de $59 a $72 desde marzo– son los que tienen una alta incidencia de los commodities, como la harina o el aceite.

“Las empresas acumulan seis meses de incrementos de costos. La inflación, el impacto de la devaluación sobre los insumos importados, las subas de salarios de rangos del 20% promedio, los costos logísticos; y los sobrecostos por todas las medidas que las compañías tuvieron que tomar por los protocolos y porque el 30% de la dotación está licenciada explican la necesidad de aumentos, en una actividad que, en el mejor de los casos, está trabajando al 50% de la capacidad instalada”, había precisado Funes de Rioja a este medio días atrás.

En ese sentido, el Gobierno reconoce que hay casos en los que se justifica que se autorice algún retoque por la variación del tipo de cambio en estos últimos meses, pero lo hará con extremo cuidado porque en el actual contexto económico, no sería “políticamente correcto” permitirle aumentos a las empresas.

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