Las entidades empresariales de la salud respaldaron la gestión del gobierno en la reestructuración de la deuda

Consideran que alcanzar un acuerdo con los acreedores permitirá salir más rápido de la crisis que generó la pandemia. Plantearon además la necesidad de reactivar aquellas prestaciones sanitarias que no son consideradas esenciales

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Del mismo modo en que lo hicieron otros sectores empresarios, las empresas del sector privado de la salud hicieron público su respaldo a la actuación del gobierno en la negociación que lleva adelante con los acreedores para la renegociación de la deuda pública.

A través de un comunicado, las entidades del sector expresaron “su apoyo y acompañamiento al Gobierno nacional en su gestión por la reestructuración de la deuda con acreedores privados, que permita generar un panorama de previsibilidad económica para superar la pandemia, promover la inversión privada y generar puestos de trabajo.”

“Alcanzar un acuerdo en la reestructuración de la deuda es un pilar fundamental para poder salir de la crisis y empezar a reordenar la economía post coronavirus”, sostuvo José Sánchez, presidente de la Federación de Cámaras de Empresas Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM).

La declaración también fue acompañada por la Confederación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim) y la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (Cepsal).

Asimismo, las entidades reconocieron “el trabajo conjunto con el Gobierno nacional, en particular con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite afrontar de la mejor manera” la pandemia de Covid-19 que enfrenta la Argentina y que ya causó 403 muertes y casi 10.000 contagiados.

Las entidades del sector de la salud pidieron al gobierno que puedan volver a la actividad varias de las áreas de la medicina que no están incluidas dentro de actividades esenciales

“El trabajo que viene realizando el ministro Ginés González García y todo su equipo en el Ministerio de Salud fue fundamental para entender la situación particular que atraviesan las clínicas y buscar la manera de poder seguir abocados a la lucha contra la pandemia”, destacó Mario Lugones, presidente de Cepsal.

Las entidades del sector privado de la salud que suscribieron la declaración señalaron que generan cerca de un millón de puestos de trabajos de manera directa e indirecta y presta atención médica a una gran parte de la sociedad. “Desde el inicio de la pandemia, las empresas de emergencias médicas trasladaron más de 15.000 pacientes sospechosos de Covid-19 en todo el país”, afirmaron.

Asimismo, el comunicado también expresó un pedido de reactivación para aquellos segmentos de la atención sanitaria que no revisten urgencia y que, como tantas otras actividades, quedó suspendido por la aplicación del aislamiento preventivo y obligatorio.

“Las entidades ponen de manifiesto también su necesidad de que puedan volver a la actividad varias de las áreas de la medicina que no están incluidas dentro de actividades esenciales”, señaló el comunicado.

El apoyo otorgado desde sectores empresarios al gobierno para la renegociación de la deuda tiene también su reflejo en la opinión pública, según un reciente informe de la consultora Poliarquía. El relevamiento arrojó como resultado que el 60% de los encuestados cree que el gobierno nacional debe acordar con los acreedores y evitar el default. “La encuesta desmitifica la idea de que el argentino promedio tiene una postura ideológica de no pagar e incumplir con los compromisos asumidos; solo el 17% opina de esa forma, mientras que el 60% sostiene que hay que evitar el default”, enfatizó Alejandro Catterberg, director de la consultora.

El estudio brindó otra conclusión relevante: la mitad de los que en 2019 votaron por Alberto Fernández y Cristina Kirchner están a favor de esta postura. Según el trabajo, el 53% de los votantes del Frente de Todos coinciden en que se debe acordar con los acreedores y no entrar en cesación de pagos. Este número se eleva a 79% en el caso de los votantes de Juntos por el Cambio.

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