Advierten que el aumento de las jubilaciones por decreto abrirá la puerta a nuevos reclamos judiciales

La decisión del Gobierno de establecer los próximos aumentos de las jubilaciones y pensiones —correspondientes al mes de mayo que se cobran en junio— a través de un decreto y sin la definición de una nueva fórmula de movilidad abrirá la puerta a nuevos reclamos judiciales de los jubilados.

Esta semana, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó que el Gobierno volverá a determinar el aumento de las jubilaciones por decreto, de la misma forma que se hizo con el aumento de marzo. Desde diciembre del año pasado, la movilidad jubilatoria está suspendida por la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

En esa ley, se preveía que antes junio se presentaría una nueva fórmula de movilidad. Pero desde el Gobierno admiten que en el medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus fue difícil avanzar en una nueva fórmula, aunque están analizando cómo seguir. En marzo, se oficializó un aumento de una suma fija de $1.500 más un 2,3% de aumento, lo que podría repetirse en junio. Si se hubiese aplicado la fórmula suspendida, la suba hubiese sido de 11,56% en marzo y de 10,89% en junio, para todas las jubilaciones, sin importar el monto.

Esta situación, según especialistas, abrirá la puerta a nuevos reclamos judiciales por parte de los jubilados. El director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino, ya adelantó que una vez que se conozca del decreto avanzará con un nuevo reclamo colectivo, como lo hizo en febrero pasado. Ese reclamo fue rechazado por un Juzgado Federal de Primera Instancia y luego apelado.

“Ante las declaraciones del jefe de Gabinete sobre un nuevo reajuste de haberes jubilatorios por decreto para el mes de junio nuevamente plantearemos la inconstitucionalidad, con una demanda de características similares a la anterior”, aseguró Semino a Infobae.

“La decisión de que el próximo aumento se haga por decreto, que podrá parecer justificada por el contexto de emergencia, es un síntoma de lo que se viene. El sistema jubilatorio argentino está mutando hacia un sistema de subsidios, cuyos montos son y serán cada vez más decididos de manera discrecional. Una nueva medida ratificando el achatamiento de la pirámide jubilatoria sería el certificado de defunción del sistema previsional argentino como sistema de reparto”, agregó.

Los especialistas advirtieron que la movilidad de marzo y de junio ya estaba devengada y que cualquier pago inferior genera un derecho a reclamos. Sin embargo, a partir de los aumentos que sigan de junio en adelante se abre un escenario nuevo. “Presentamos una tanda de reclamos en marzo y con el anuncio de junio presentaremos el resto", señaló la abogada previsionalista Adriana Falcone.

"Ahora, a partir de junio, los aumentos pueden ser por decreto y eso seguramente no sea declarado inconstitucional porque ya no hay una movilidad devengada y que fue suspendida. Pero en la medida en que los anuncios sea insuficientes o que continúe un esquema diferencial donde no se respeta la pérdida de poder adquisitivo, se va a dar lugar a nuevos planteos judiciales”, remarcó Falcone. Y recordó que para evitar demandas, la nueva fórmula debe salir del Congreso y no debe vulnerar derechos adquiridos.

Según el abogado previsionalista Federico Boborvsky, un planteo judicial, a nivel general, dependerá de cuál termina siendo la movilidad respecto de los aumentos generales de los salarios y de la evolución de la inflación. “A nivel particular, la afectación para quien tenía devengada una movilidad mayor de la que le dieron está en condiciones de reclamar. Si las diferencias entre lo que les dan a unos y a otros son cada vez mayores, hay más argumentos todavía para el reclamo”, explicó.

Sin embargo, un problema para que avancen las demandas es que el sistema judicial está funcionando en forma limitada, lo que hace difícil que prosperen algunos de los pedidos de medidas cautelares, que son las que más rápidamente se presentan en la Justicia.

Para el abogado Adrián Tróccoli, hay dos posibles disparadores de demandas. Por un lado, si no hay una recomposición de haberes general, aunque sea en forma gradual. Y por otro lado, el achatamiento de la pirámide, con aumentos diferenciados: más altos para algunos y más bajos para otros.

De acuerdo a sus cálculos, la inflación desde que se realizó el cambio de fórmula de movilidad —desde julio de 2017 en adelante— hasta marzo pasado fue de 153%. “Las jubilaciones en junio deberían tener un atraso máximo de tres meses y hoy es de nueve. En ese período subieron entre 83,74% y 100,04% (el haber máximo y el mínimo). Vamos a seguir presentando juicios para llegar a la recomposición de los haberes", aseguró Tróccoli.

Otros especialistas señalan que es correcto que el aumento de los haberes previsionales sea por decreto, porque así estuvo previsto por la Ley de Declaración de Emergencia, que suspendió la aplicación de la formula de movilidad anterior, creó una Comisión para establecer una nueva fórmula de movilidad en 180 días y habilitó al Ejecutivo para que establezca por decreto durante ese período la movilidad de los haberes de jubilaciones y pensiones.

El plazo de 180 días —que vencería el 23 de junio— puede extenderse porque la Comisión no pudo reunirse para establecer la nueva fórmula. “Si el Ejecutivo no establece el aumento de junio, y para ese momento no se prorrogan los 180 días, entonces se levanta la suspensión de la fórmula de la Ley 27.426 y habría que aplicar el aumento que se calcula conforme esa ley, que asciende, para junio, a un 10,89%. Por eso, obligatoriamente, tienen que dar el aumento de junio y prorrogar los 180 días”, señaló Elsa Rodríguez Romero, presidente de la Comisión de Derecho Previsional de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

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