ARBA extendió hasta el 31 de marzo la suspensión de los embargos que había comenzado en el gobierno de Vidal

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el 31 de marzo la suspensión de embargos a más de 17.000 contribuyentes, sobre todo a pymes y profesionales independientes, que acumularon deudas fiscales en el marco de la crisis económica que inició en abril de 2018.

La vigencia de esta medida, que vencía hoy, fue extendida hasta marzo próximo a través de la Resolución 47/19, que lleva la firma del titular del ente recaudador, Cristian Girard.

De esta manera, ARBA no procederá a trabar embargos hasta el 31 de marzo de 2020 sobre aquellos contribuyentes que se encuentren desde septiembre de 2019 en procesos de juicio por apremio por deudas anteriores, ni tampoco en casos de nuevos juicios por apremio.

“Esta medida transitoria se tomó en sintonía con la Ley de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que establece una moratoria y un plan de pagos para pymes, que serán implementados en las próximas semanas”, explicó el ente recaudador de la Provincia.

Cabe recordar que el gobierno de María Eugenia Vidal puso en marcha a principios de septiembre, tras la derrota en las elecciones primarias, un amplio paquete de beneficios impositivos para deudores, que incluyó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2019 de los embargos sobre cuentas, un programa de regularización por hasta 60 cuotas y una quita del 15% de la deuda judicial.

El anterior director de ARBA, Gastón Fossati, explicó al lanzar el beneficio que se buscaba “atender y mitigar las dificultades provocadas por la coyuntura económica, aportando alivio tributario a sectores de la producción, los servicios y al resto de los contribuyentes".

El ex funcionario puntualizó entonces, que se trataba de medidas orientadas a pymes, microempresas, comerciantes y también a los vecinos de la provincia, que contarían con mayores facilidades para cancelar deudas impositivas.

El beneficio implicaba un plan de pago para deudas que no estaban en juicio y otro para las que sí lo estaban, con una financiación de hasta 60 cuotas que incluía deuda corriente y que ahora se extenderá hasta el 31 de marzo de 2020.

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