La doble indemnización va a contramano de la mejora del clima laboral en los últimos meses

El viernes por la noche el Poder Ejecutivo Nacional sorprendió al mercado laboral con la reglamentación de la cuasi prohibición de los despidos sin causa por un semestre, al imponer una multa a las empresas equivalente a la doble indemnización respecto de la compensación normativa vigente hasta entonces. Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 34 que publicó en un suplemento ad hoc del Boletín Oficial.

La sorpresa no se inscribe sólo porque tanto en su discurso de una hora a la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández había resaltado que en los próximos días iba a convocar a empresarios y sindicalistas a un acuerdo económico social para volver a poner en marcha el aparato productivo, sino también porque el día siguiente el ministro de Economía, Martín Guzmán había destacado en su primera conferencia de prensa que todas las medidas serían comunicadas por escrito, basado en un plan consistente en lo monetario y fiscal.

No sólo eso, el mercado laboral, como el sector industrial, ya habían comenzado a emitir señales auspiciosas de un punto de giro de la recesión desde el mismo resultado de las PASO, y en especial en el mes de las elecciones nacionales.

Tres semanas antes, el informe mensual del entonces Ministerio de Producción y Trabajo había informado que las expectativas empresarias sobre el cambio en la dotación de personal en el trimestre noviembre a enero próximo habían arrojado un saldo positivo de 0,5% de los casos, después de tres meses consecutivos con disminución, y un récord de 92% de los consultados que no proyectaba modificaciones en el total de la nómina asalariada. De ahí que la medida fue rápidamente calificada como “una malta noticia” por parte de empresarios y analistas del sector.

Y en línea con esa señal auspiciosa del mercado, en coincidencia con las expectativas que genera todo cambio de gobierno, habida cuenta de que al momento de la consulta a los empresarios se descontaba el triunfo del Frente de Todos, el Indec registró en octubre el mayor uso de la capacidad instalada en la industria en 12 meses, con 4 sectores que incluso superaron los índices de un año antes: refinación de petróleo; productores de tabaco; elaboradores de caucho y plástico; y la rama textil.

Y el Índice General de Actividad del Estudio Orlando Ferreres acusó en octubre sendas desaceleraciones en las tasas de caída respecto de un año antes a 3%, desde un máximo de baja de 3,3% en agosto; como en comparación con el mes previo, a 0,1%, la menor en casi un semestre.

Sin embargo, en la rápida decisión del Poder Ejecutivo, que el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, justificó en la “necesidad de frenar la caída de la actividad”, pareciera que pesó la preocupación por “el cierre de empresas”, que surge de los datos de cumplimientos de los pagos a la Anses de las Contribuciones Patronales y Aportes Personales de la población asalariada registrada en el agregado del sector público y privado.

Pero los asesores de los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional parece que no fueron alertados por especialistas en los temas laborales que la variación en la cantidad de empresas que registra la Anses en los cobros de las cargas sociales sobre la nómina salarial no debe leerse como “cierre, sino recién al cabo de 2 años”, más aún cuando se transita un escenario recesivo desde el comienzo del segundo semestre de 2018, porque en esas instancias es muy común el atraso en lo pagos, y la adhesión a planes especiales para su regularización propuestos por la AFIP.

No sólo eso, en la estadística mensual de cumplimiento de los pagos mensuales de las empresas a la Anses de los aportes personales y contribuciones patronales se observa un pico de caída de 15.237 en junio último, en comparación con un año antes, a un total de 546.074, de las cuales el 85% registraba hasta 10 empleados; y desde ese momento se inicia una clara desaceleración hasta 12.953 en septiembre y sube levemente en octubre a 13.170 casos, equivalente a 2,4% del total.

Significó una elasticidad de 0,8% respecto del PBI, por cada punto contracción del producto bruto interno el número de sociedades con dificultades para honrar sus compromisos con la Seguridad Social aumentó 0,8 por ciento.

Mientras que en la variación respecto al mes precedente, la serie de la Seguridad Social que informa la AFIP dio cuenta de que tras registrar una baja máxima en el corriente año de 3.894 en abril y 3.299 en junio, comienza a verificarse un freno notable desde entonces, con mejora del cumplimiento en los pagos en agosto, y modestas disminuciones en los dos meses siguientes.

Un movimiento similar se observa en el caso de la cantidad de la nómina de asalariados afectados por la demora en la liquidación de sus aportes y contribuciones a la Anses por parte de sus empleadores.

En el cotejo interanual el punto máximo de perjuicio involucró a 131.111 trabajadores en junio, en comparación con un año antes. Fueron 7,92 millones los registrados; se atenuó la caída a 76.984 en septiembre, pero recrudeció a 122.189 empleados en octubre, un 1,5% del total. En ese caso implicó una elasticidad de 0,5% respecto del PBI.

En tanto, en la variación mes a mes, en el corriente año se observaron altibajos, y tras 3 meses consecutivos de mejora del indicador entre julio y septiembre, se anotó en octubre la mayor contracción del año con 66.498 personas en relación de dependencia.

Al parecer, el retroceso observado en octubre, cuyos pagos se efectivizaron en los primeros días de noviembre, pos resultado electoral del 27 de octubre, se explicaría por las expectativas de las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas que explican el 87% de los incumplimientos en los pagos a la Anses, tanto en la variación interanual, como respecto del mes previo, de la llegada de mayores facilidades de pago por parte de la nueva AFIP, ahora a cargo de la ex presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

De ahí que tanto el consenso de los empresarios, como de los economistas y abogados especializados en la legislación de trabajo, manifestaron a Infobae desde el conocimiento de la medida su rechazo, porque contrario a la lectura que hicieron los nuevos funcionarios el mercado de trabajo comenzaba a dar señales de repunte, y ahora, a partir de la penalización de los despidos, se prevé la desaceleración de las incorporaciones hasta que se esté frente a una indiscutible perspectiva de reactivación de la industria y el comercio.

El Gobierno tiene la convicción de que el cuadro podrá cambiar en la mesa de debate del Pacto Económico Social, en la que junto con el Estado participarán los empresarios de la industria, el agro, el comercio y el resto de los servicios, junto con la dirigencia gremial, pero desde el sector privado se generó inquietud por el anticipo de medidas, no sólo en el plano laboral, sino también cambiario e impositivo, con el aumento de las retenciones sobre las exportaciones respecto de los valores vigentes hasta el último viernes.

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