Los inversores argentinos concentran las expectativas en el resultado electoral (Getty)
Los inversores argentinos concentran las expectativas en el resultado electoral (Getty)

Estamos en tiempo de descuento, acercándonos a lo que muchos consideran las elecciones presidenciales más trascendentes desde el regreso de la democracia.

Un informe elaborado por el Equipo de Inversor Global concluyó que más allá de quien gobierne a partir del 11 de diciembre, hay dos conceptos que explican la Argentina que viene: reformas estructurales y consenso. Sin las primeras, nuestro país quedará marginado del mundo actual que requiere mayor dosis de competitividad e innovación. Pero para lograrlas, hace falta el segundo de los condimentos: el consenso y acuerdo de nuestra clase política.

Más allá de los discursos antagónicos de los candidatos, no hay demasiados misterios: ningún país puede salir adelante sin crecimiento económico.

Los postulantes al sillón de Rivadavia hablan de crecer, generar trabajo y aumentar el consumo. ¿Cómo lograrlo sin medidas de fondo que incentiven la inversión privada…?

El próximo Gobierno debe priorizar la búsqueda de consensos para entablar las reformas profundas que la economía necesita. Es un círculo vicioso.

La inversión necesita seguridad jurídica, confianza, transparencia e incentivos. Esa previsibilidad es lo que Argentina no tiene desde hace varias décadas. Por eso los cimientos que debe plantar la Argentina si quiere recuperar el sendero del crecimiento económico tienen que ver con, al menos, tres puntos principales.

La sanción de una reforma impositiva y laboral, la búsqueda del equilibrio fiscal con la reducción del gasto público y, por último, la eliminación del impuesto a la renta financiera para fomentar el mercado de capitales.

De ellas, ¿cuál es la más urgente…? Las respuestas de más de 1.200 inversores sugirieron lo siguiente:

Todo está relacionado

La coyuntura actual tiene como principal víctima a las pymes.

Además de enfrentar la caída de las ventas como consecuencia de la recesión, las pymes conviven con la volatilidad del tipo de cambio y el aumento de sus costos en dólares, la imposibilidad de importar bienes de capital, el acceso al crédito restringido por las altas tasas de interés, los controles de precios sobre sus productos y, como si fuera poco, con una carga impositiva asfixiante.

Urge trabajar en una reforma impositiva integral que alivie los costos fijos y genere incentivos suficientes al sector productivo para invertir ampliando la frontera productiva y la innovación. Debe incluir una reforma laboral adaptada a los tiempos de hoy, que incentive a las empresas a aumentar el personal y a formalizar la situación de los "informales".

El objetivo final de ambas reformas estructurales tiene que ser el de aliviar la presión impositiva. La misma es una de las más altas del mundo y representa casi el 30% del PBI.

Para avanzar nos encontramos con un obstáculo: el increíble tamaño del gasto público en la economía. El gasto público total representó casi el 40% del PBI a fines de 2018 mientras que el déficit fiscal llegó a casi 7 puntos del producto a finales de 2017.

No sólo el nivel de gasto es muy elevado en proporción con el PBI (y en comparación con el resto de los países de la región), encima no se generan los recursos propios para financiarlo, incurriendo en un crónico e insostenible déficit fiscal. Con la llegada de la crisis financiera a mediados de 2018, el Gobierno aceleró la convergencia hacia el equilibrio primario en 2019 y el equilibrio fiscal en 2020.

Para crecer, esta es una condición necesaria pero no suficiente. Hay que buscar el equilibrio fiscal acelerando el recorte del gasto, de modo de aliviar la presión impositiva paulatinamente. Debe ser una política de estado de 10, 15 años gobierne quien gobierne. Es la única manera de fomentar la iniciativa del sector privado para que actúe como verdadero motor de la economía.

Finalmente, todo debe estar alineado con la generación de incentivos que incrementen la tasa de ahorro interno para financiar el desarrollo de largo plazo. Para ello es necesario desarrollar el mercado de capitales. La imposición del Impuesto a la "renta financiera" fue el error más dramático que llevó adelante este Gobierno en términos de reglas de juego claras y seguridad jurídica.

Toda restricción al capital impacta negativamente en el crecimiento de la economía.

No es casualidad que desde la entrada en vigencia de este impuesto para las inversiones extranjeras, la prima de riesgo país se haya más que duplicado.

Acelerar la tasa de ahorro es el pilar central de todo este proceso para poner al mercado de capitales como la institución madre que conecte a los ahorristas con los que necesitan el capital para aumentar producción y productividad.

En resumen: desde la óptica de los inversores, que tienen una visión de país próspero de largo plazo, las tres reformas mencionadas (la impositiva y laboral, la de aceleración en la reducción del gasto y la de eliminación del impuesto al ahorro) resultan claves para recuperar la confianza y ser más competitivos.