El Gobierno vuelve a subir el Presupuesto 2019 y amplía el déficit fiscal esperado en más de $5.500 millones

Como es habitual, se argumenta que se trata de "reasignaciones en las que se compensan incrementos y disminuciones de partidas", pero de la lectura de los 146 folios del Anexo I Infobae detectó un incremento neto del gasto proyectado para el año en $5.734 millones, para el que sólo se prevé ingresos adicionales a los previstos originalmente en apenas poco más de $180 millones.

De ahí surge una suba del déficit fiscal ajustado, en caso de que no se subejecuten partidas en los próximos meses, en $5.554 millones, que se prevé financiar con aumento de la deuda pública en más de $5.400 millones y saldo de caja de la Tesorería General de la Nación.

La medida surge pocos horas después de que se conocieran datos de la aceleración de la inflación en febrero y previsiones de mercado de sostenimiento de altas tasas en marzo y abril, por efecto de los ajustes de tarifas e impulso de la devaluación del peso.

Subibaja de las partidas de gasto

Del detalle de los movimientos que se sintetizan en las 146 planillas del Anexo I de la DA 194 se destacan:

1.  Aumento de la asistencia financiera a empresas públicas en $5.606,6 millones;

2.  Incremento de la asistencia para servicios económicos a cargo del Tesoro en $2.540,6 millones;

3. Suba para Administración Financiera, pagos de intereses de la deuda pública $465,8 millones;

4. Reducción de partidas para la ejecución de política e infraestructura penitenciaria en $1.147,2 millones;

5. Baja de transferencias para la ejecución del Plan Director de Desagües Cloacales del Área Metropolitana de Gran Resistencia, Chaco, en $2.229,1 millones.

6. Ajustes en diversas áreas con un saldo neto de incremento de las erogaciones previstas originalmente en unos $500 millones.

De ahí surge que en un año electoral y pese a las preocupaciones de los mercados por la resistencia a la baja del gasto público global, el Gobierno no logra exigirle a las empresas una política de restricción presupuestaria, pese a que cuentan con una flexible autorización de aumento de tarifas de sus servicios y precios de venta de sus productos; pero también asume el costo político de recortar partidas para un plan asistencial clave en la provincia del Chaco.

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