El viernes por la mañana, el Boletín Oficial contenía una noticia que volvía a cambiar el eje de la discusión económica, hasta ese día ocupada por una temporaria paz cambiaria y la última sesión del B20, el brazo empresarial del G20. La próxima semana estaría dominada por el futuro de las facturas energéticas de un grueso de la población, una deuda empeorada por las fluctuaciones del dólar.
Viernes: la resolución en el Boletín Oficial
La Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía publicada por la mañana habilitaba a las distribuidoras de gas a cobrar un importe adicional a los usuarios, a lo largo de 24 cuotas mensuales, a modo de compensación por la fuerte devaluación ocurrida entre abril y septiembre. La misma generó un fuerte atraso entre el valor al cual las distribuidoras prestaban el servicio y el que las petroleras proveían el insumo.
El comienzo del nuevo esquema estaba previsto a partir del 1° de enero de 2019. En conjunto con la resolución, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) informaba que los nuevos cuadros tarifarios reflejarían "una variación para el usuario promedio -R31- del 34,5% respecto de las tarifas vigentes desde el 1° de abril de 2018. La factura mensual promedio país correspondiente sería de $730 pesos mensuales en el presente semestre".
Sábado: militantes que quieren asustar
En una entrevista radial, el secretario de Energía Javier Iguacel explicó que el objetivo central de su equipo era "uniformizar para que todos paguen el mismo precio de gas y la diferencia entre el que quiera ahorrar es que consuma menos o consuma más", en referencia a la explicación del Gobierno de que la factura final de gas está influenciada actualmente no solo por la cantidad de metros cúbicos consumidos, sino también por el tipo de gas.
Durante la entrevista, el funcionario apuntó a un sector de los que se quejaban de las últimas subas: "Más de la mitad de lo que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente, son mentiras". También contextualizó el monto que representaba el aumento anunciado, comentando que el monto de $700 promedio "representa la mitad de lo que sale el cable".
Lunes: una suba de entre 90 y 100 pesos por mes
Luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan lo denunciara penalmente , el secretario de Energía explicó en conferencia de prensa los detalles particulares sobre la resolución comunicada el viernes anterior. Durante la misma, el funcionario informó que el adicional a pagar para cada usuario rondaría en un rango de entre $90 y $100 por mes.
A ese monto había que sumarle un cargo de intereses acumulativo mensual que para depósitos a clientes paga el Banco Nación, una tasa actualmente del 48% anual.
También se refirió al plan de que en el 2019 se pasara a un esquema de tarifa previsible (o "plana), en la cual los usuarios pasarían a pagar una factura similar a lo largo del año en lugar de pagar más durante el invierno, cuando el consumo de gas aymenta.
Martes: el precio del gas importado
Para responder a la pregunta de las consecuencias para el sector y el consumidor final si la medida no se aplicaba, Iguacel explicó que de mantenerse el esquema viejo que llevó al Gobierno anterior a tener que importar gas, "en lugar de pagar la factura que pagamos, el que pagó $3.000 –si hubiese sido todo gas de Bolivia– hubiese pagado $6.000. Y si hubiese sido todo gas de barco, hubiese pagado 9.000 pesos".
También explicó que la medida estaba contemplada desde lo legal, donde se prevé que si es más del 20% la diferencia puede trasladarse automáticamente en la factura. "Hubiese sido un impacto enorme. Si no se trasladó se puede cobrar en el aumento de precio de los siguientes seis meses, que también hubiese sido tremendo en el bolsillo de la gente", puntualizó para comparar el pago en 24 cuotas.
Miércoles: marcha atrás con la medida
Luego de varios días y cruces no solo desde la oposición sino también de aliados de Cambiemos, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el aumento extra del gas distribuido a lo largo de 24 cuotas.
A partir del 2019 el Estado absorberá "por única vez" el costo del desfasaje en tarifas por la devaluación acumulada en el período abril-septiembre. El mismo se pagará a las petroleras en 30 cuotas hasta el final del año 2021.
Esto se logrará a través de un agregado en el proyecto de Presupuesto 2019 para que las empresas se hagan cargo del impacto de la devaluación de acá en más. Por esta única vez, las petroleras se harán cargo de la diferencia de precio y el Estado pagará los intereses generados.
Desde el sector privado se estima que la deuda generada por la diferencia de costos llega a $20.000 millones. Una opción que se baraja desde el Gobierno es la emisión de un bono a través del cual se usará para pagarle a los productores. Unos $10.000 millones serían absorbidos por las mismas a modo de costo y los otros $10.000 millones serían responsabilidad del Estado.
Respecto a la decisión de dejar sin efecto la Resolución 20, el secretario Iguacel sostuvo que se había pensado que el impacto sería menor . También confirmó que la medida fue tomada en respuesta a la presión recibida por gran parte de la sociedad y el reclamo de la oposición en el Congreso.
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