Hungría bajó la carga tributaria a las empresas y aumentó su recaudación fiscal

Con un porcentaje del 9%, Hungría se convirtió desde enero del año pasado en el país que menos impuestos cobra a las empresas, según el ranking de la OCDE. En la década pasada, durante la administración del primer ministro Viktor Orbán, comenzó un proceso de reducción impositiva para las sociedades que cayó primero al 20% y volvió a bajar al 19% en 2010. Finalmente, el año pasado se ubicó en 9%.

Durante los años de reducción de impuestos, se aplicó la modalidad de tipo diferenciado para las pymes, donde se gravó con 10% a los beneficios de empresas que ganen menos de 2 millones de euros al año. El resto de las compañías, por encima de esa ganancia, siguieron pagando el 19%. Pero finalmente, la decisión del Gobierno fue que la rebaja a un solo dígito fuera general para todas las compañías que tienen negocios en ese país.

Aunque aun no están disponibles las cifras finales, las primeras estimaciones oficiales sobre el impacto de la medida en las cuentas públicas confirman que la recaudación fiscal total no se redujo. Es más: aumentó a lo largo del año pasado, según estimaciones publicadas en el sitio europeo Libre Mercado.

La tendencia a la rebaja de impuestos a las empresas es general en los países que integran la OCDE. Un informe del organismo, publicado en septiembre del año pasado, mostró que el promedio bajó de 32,2% en 2000 a 24,7% en 2016.

"Los países de la OCDE continúan bajando sus tipos del impuesto de sociedades para hacerse más atractivos, pero eso no amenaza con desencadenar una guerra fiscal ni significa una menor tasación del capital, para el que aumentan los gravámenes en particular a través del impuesto sobre la renta", explicaron en esa oportunidad desde el organismo.

Una de las explicaciones de esa disminución correspondía a los cambios realizados por varios países, entre ellos España, donde pasó del 30% al 28% en 2015 y al 25% en 2016, pero especialmente Hungría.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, consideró que la intensificación de la competencia sobre el tipo del impuesto de sociedades plantea un desafío a los gobiernos, que necesitan dinero para infraestructuras, servicios públicos o programas sociales. Pero también, desde el organismo, advirtieron que la recaudación no se hundió, entre otras cosas, por la ampliación de la base imponible.

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