El mismo día que se trató en Diputados el proyecto de desburocratización del Estado, el oficialismo consiguió otra victoria en la Cámara alta. Es que ayer se aprobó en el Senado la iniciativa de la Ley de Financiamiento Productivo, proyecto clave del Gobierno para reformar el acceso a financiamiento por parte de las Pymes y que también desregula el mercado de capitales local.
La aprobación del proyecto de Financiamiento Productivo, antes llamado Ley de Mercados de Capitales, reforma el proyecto original implementado por el kirchnerismo, fue uno de los pedidos del presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones a principio de mes. Con 54 votos a favor y 10 en contra, el proyecto ahora pasa a ser tratado por la Cámara de Diputados, ya que el proyecto sufrió cambios durante su tratamiento en la Comisión de Economía.
Durante la sesión, el capítulo de financiamiento a Pymes fue el único que tuvo apoyo unánime. El peronista fueguino José Ojeda destacó que "la reconversión de la factura de crédito como factura de crédito electrónica es una buena herramienta", considerando que estas facturas tienen una aceptación obligatoria y automática a los 30 días de ser emitidas.
Un cambio radical en términos de elementos de ahorro y financiamiento es la creación de las letras hipotecarias. Este tipo de 'securitización' de las hipotecas es un factor que potencia los avances de ese mercado en los últimos dos años, habilitando a inversores a financiar la deuda a largo plazo de los bancos.
Los puntos más discutidos de la reforma a la ley aprobada en 2012 fueron los que correspondían al sector financiero. La senadora Cristina Kirchner, consideró que "se está legislando contrariamente a los estándares internacionales al reformar la ley que sancionada sobre Mercado de Capitales en 2012" y que el proyecto actual "agrega vulnerabilidad al sistema financiero argentino".
Dos de los principales puntos del proyecto actual inciden directamente en el mercado de capitales argentino. El primero son excepciones del Impuesto a la Ganancias para la renta financiera en compra y venta de acciones, ya que gravar dichas operaciones está contemplado en la Ley de Reforma Tributaria. El segundo elimina la capacidad de la Comisión Nacional de Valores para intervenir en empresas que coticen públicamente.
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