Más de la mitad del presupuesto para transporte se concentra en Capital y Gran Buenos Aires

Un informe de IDESA analizó la distribución de unos $88.000 millones que el Presupuesto 2018 destina para infraestructura del transporte urbano

Compartir
Compartir articulo
El área metropolitana de Buenos Aires tiene presupuestados $49.000 millones para obras.
El área metropolitana de Buenos Aires tiene presupuestados $49.000 millones para obras.

Más de la mitad del Presupuesto 2018 para el desarrollo de infraestructura de transporte será destinado a la iniciativa Desarrollo del Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), a través de un informe.

De acuerdo al análisis que hizo este instituto, para el área de transporte se proyecta una inversión total de fondos federales de 88 mil millones de pesos.

A partir de este toral, 39 mil millones de pesos se asignarán a la iniciativa Plan Nacional Vial, que contempla el desarrollo de rutas nacionales, mientras que los restantes 49 mil millones de pesos se asignarán a obras en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

infobae

Ante estos números, desde IDESA cuestionaron que "el Presupuesto 2018 no logra romper con la histórica tendencia de usar fondos federales para inmiscuirse en funciones locales", al tiempo que remarcaron que "la enorme inversión en transporte público" para el AMBA "es un ejemplo muy ilustrativo, pero no el único dentro del proyecto de Presupuesto".

LEA MÁS:

Dujovne, sobre el Presupuesto 2018: "Vamos a seguir bajando el gasto en subsidios y en el funcionamiento del Estado"

Fin de época: los subsidios se acercan a su extinción

En agosto bajó el déficit fiscal por la reducción de los subsidios a la energía

"Para no seguir perseverando en el fracaso es imprescindible eliminar solapamientos, descentralizar recursos y crear incentivos para que mejore la calidad de la gestión en los gobiernos locales", señalaron.

Desde el Instituto, indicaron que "el Presupuesto 2018 no escapa a una mala práctica, instalada desde el inicio de la República, en 1862, de pretender desde el gobierno central resolver por mano propia lo que las provincias no hacen o hacen mal".

Por lo tanto, consideraron que "se trata de una distribución de fondos que colisiona con la lógica que debería prevalecer en un país que eligió constitucionalmente una forma de organización federal".

"Para no insistir en el fracaso, es imprescindible cambiar de estrategia. Esto implica descentralizar recursos públicos en los gobiernos locales y fortalecer sus incentivos y controles para inducirlos a su correcta administración", concluyeron.