La Justicia federal de Córdoba dictó la primera medida cautelar de alcance nacional para suspender el aumento de gas en las pymes, comerciantes y profesionales. La sentencia obliga a las empresas distribuidoras a retrotraer el cuadro tarifario con anterioridad al 31 de marzo, pero no será de cumplimiento inmediato.
El juez federal Miguel Vaca Narvaja hizo lugar a un amparo solicitado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Según explicó en diálogo con Luis Novaresio, en radio La Red, se basó en la ausencia de audiencias públicas previas para justificar su resolución.
"Se contempló la situación económica actual y cómo eso incide sobre este núcleo de las pymes, que dan trabajo al 80% de lo que es el empelo privado en la Argentina", detalló.
La medida había sido solicitada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en representación del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines.
Sin embargo, Vaca Narvaja –titular del Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Córdoba– aclaró que su resolución no está firme y que el gobierno nacional tiene 48 horas para presentar la apelación. El recurso tiene un efecto suspensivo, por lo tanto no habrá cambios en las facturas hasta tanto se expida la Cámara. Y una vez más podría ser la Corte la que defina la cuestión.
Fuentes oficiales pusieron en duda la legitimidad activa de la asociación que promovió el pronunciamiento del juez federal. Sucede que la Corte Suprema estableció parámetros muy precisos sobre quiénes pueden arrogarse la representatividad de un sector para entablar acciones colectivas.
El Gobierno realizó la audiencia obligatoria prevista por ley el 16 de septiembre. Se prevé que en las próximas semanas presentará formalmente el nuevo esquema de precios de acuerdo a las normas vigentes y a las pautas que había establecido la Corte Suprema.
El Enargas informó que "se atendrá a los tiempos judiciales hasta recibir formalmente los contenidos del fallo", pero explicaron que, "como éste es un organismo regulador, las decisiones políticas son tomadas desde el Ministerio de Energía y Minería" de la Nación.
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