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Por Daniel Roberto Viola*

El jueves por la noche el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza se vistió de gala para recibir a la final de la Copa Argentina. En esta edición y bajo el nuevo formato, Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata disputaron el partido final, con mucho colorido, orden y pasión. Los más de 40 mil espectadores se comportaron antes y después del partido en forma correcta, como una suerte de homenaje ante el imponente e histórico Cerro de la Gloria.

Los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos se brindaron con nobleza por el juego y tras coronarse campeón el equipo rosarino conducido por Edgardo Bauza, el DT de Gimnasia, Pedro Troglio saludó uno a uno a sus rivales de ocasión. Ganadores y perdedores se saludaron, un acto sencillo pero que hoy vale elogiar.

Todos recibieron sus premios, el campeón y el subcampeón, los cuerpos técnicos. También se llevaron la medalla simbólica por la tarea bien cumplida: Las autoridades policiales, los responsables de la organización del torneo y el gobierno de Mendoza, que tiene a su cargo el estadio mundialista.

Sin embargo, ese mismo jueves, en horas del mediodía, se jugaba otro partido en los pasillos del Congreso de la Nación, teniendo como figura principal al proyecto de ley "antibarras" enviado por el Poder Ejecutivo cuyo resumen dimos desde esta columna.

Y así fue como algunos legisladores volvieron a mirar hacia otro lado, haciendo desvanecer rápidamente la positiva reacción ante los actos de violencia que forzaron a la Conmebol a recorrer 10.039 km. de distancia (entre Buenos Aires y Madrid) para que pueda jugarse en versión europea la superfinal postergada del River-Boca.

Dentro del menú servido para oponerse al proyecto estaban "los trapitos" (a quienes un sector los considera como exponentes de la economía popular) y la escala con agravamientos de las penas cuando los delitos fueren cometidos con motivo y en ocasión de los espectáculos deportivos, dentro o fuera de los estadios. Bajo la excusa reiterada de "falta de proporcionalidad" se sembraron dudas con el claro objetivo de fijar penas que sean menores a los 3 años de prisión y por ende, excarcelables.

Una vez más, se confunde "prevenir" como "reprimir" el delito, ignorándose que son dos procesos diferentes que el Estado debe afrontar en su rol de garante de la convivencia social. En una mirada "corta" del tema, se lo simplifica poniéndose la lupa en el articulado de sanciones más severas y no en las causas del fenómeno barrabrava que justifican un mayor rigor.

No se trata de combatir a quien se gana la vida dignamente antes, durante o después de un partido de fútbol. Sólo es cuestión de reprimir a los barras violentos que trafican y hacen negocios el "día del partido", habiendo adoptado esa forma para ganar dinero en negro, el mismo que bajo amenazas y extorsión se les quita ilegalmente a las arcas de los atormentados clubes.

Al contrario, la detección y castigo a los barras que infringen la ley, podría servir para instalar una política de Estado destinada a captar empleo genuino y registrado, sin menoscabo de los clubes.

Pese a la búsqueda intentada, no se logró el consenso necesario para tratar este proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados. Desde el bloque oficialista, no obstante tenerse a la mano un dictamen favorable, se prefirió trabajar para unificar criterios y así evitar una tortuosa redacción final de la futura ley, postergándose el debate para el próximo 18 de diciembre.

El escenario previsible será una ley desvirtuada en sus objetivos originales que pasará al año siguiente, con un pronóstico poco alentador dado en unos meses se iniciará la gran contienda electoral y la actividad parlamentaria será escasa.

Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se denuncia que "los barras son protegidos desde la política y la dirigencia del fútbol". En una parte del comunicado se plantea que "la violencia en el fútbol tiene su origen en factores sociales, financieros y político-dirigenciales", y como consecuencia "se ejerce violencia para amedrentar, para recaudar, para apoyar una candidatura, para obtener dinero, para que se vaya un técnico o un jugador."

Y continúa: "La dificultad aparece cuando los barras son protegidos desde la política y la dirigencia del fútbol. Es justamente esta coyuntura la que hace muy difícil una salida, pues quienes deben combatirlos utilizan sus "servicios". Cada uno, desde su lugar puede aportar a que cada vez haya menos violencia en el fútbol: los políticos y sindicalistas, no utilizando a estos delincuentes como fuerzas de choque".

"Por eso, hoy más que nunca instamos a aquellos que tienen responsabilidades que actúen en consecuencia y sin medias tintas. BASTA DE BARRAS", concluye el comunicado de la entidad que preside Guillermo M. Lipera.

En esta Argentina bifronte, se muestran imágenes contrapuestas de la realidad. Mientras el grueso de los ciudadanos continúa en su andar plagado de dificultades y aún así se les exige hacer mayores esfuerzos, los legisladores parecen empeñados en un debate sinfín sobre ideas básicas, que la mayoría de las sociedades del mundo civilizado ya han debatido y resuelto desde hace tiempo. Algunos miran las agujas del reloj sin advertir que está descompuesto.

Por todo lo ocurrido y que muchos lamentamos, el Boca-River habrá de jugarse en el exilio. Otra vez se corre el riesgo de desperdiciar la ocasión para mejorar la calidad de vida y la seguridad en el fútbol, único deporte que apaña y encubre desde hace varias décadas a los barrabravas.

Al fin de cuentas, la respuesta a semejante despropósito parece sencilla: No se puede legislar cuando falta a la cita el convencimiento de hallar las soluciones verdaderas. En lenguaje futbolero, vale recordar los consejos de un viejo entrenador cuando arengaba a sus jugadores: "Cuando no se pueda jugar bien porque el adversario nos supera, lo mejor es patear alto y lejos o tirar la pelota afuera".

*Abogado UBA-Director de Iusport.com Latinoamérica