La Justicia ordenó que se vacune contra el coronavirus de manera urgente a una mujer con autismo

La ciudad de Buenos Aires deberá aplicar la dosis dentro de cinco días La jueza civil a cargo del caso destacó que la paciente no puede expresar si tiene síntomas y que su discapacidad la pone en un estado de vulnerabilidad frente al virus

Una jueza civil le pidió este miércoles al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “de manera prioritaria y con carácter de muy urgente” vacune contra el coronavirus a una mujer de 41 años que padece autismo con deterioro neurológico severo. Se trata del primer caso que se conoce en el que la justicia ordena que una persona sea inoculada contra el COVID-19.

“La causante se encuentra internada en una residencia de larga estancia y posee una grave discapacidad que le impide a si misma comunicar cualquiera de los síntomas del COVID-19, lo que pone aun en mayor riesgo su vida frente a la mayor disponibilidad de enfermarse. Su estado es sumamente delicado y requiere, claro está, una especial atención por parte de quienes estamos llamados a proteger y garantizar sus derechos”, explicó la jueza Agustina Díaz Cordero en su resolución a la que accedió Infobae.

La magistrada explicó en su fallo que el 26 de marzo pasado fueron incluidas en el “Plan Estratégico para la vacunación contra el Covid-19 en la República Argentina” las personas discapacitadas con enfermedades graves pero sin una fecha de cuando recibirán la vacuna.

El fallo está dirigido al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. “Requerir al Ministerio de Salud de CABA Dr. Fernán Quirós arbitre los medios necesarios a fin de garantizar dentro de los cinco días de notificado, de manera prioritaria y con carácter de muy urgente la vacunación” de la mujer.

El caso es el de una mujer -su identidad se mantiene en reserva- que desde su nacimiento tiene autismo con deterioro neurológico severo por el que depende 100% de otras personas para comer e higienizarse. La mujer vive en una residencia para atención de personas con discapacidades severas y su hermano se presentó en la justicia. Relató que ella no puede hablar ni expresarse de ninguna manera por lo que para detectar un posible síntoma de coronavirus requiere el acompañamiento permanente de otra persona.

El Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)

El hermano contó que pidió en la Agencia Nacional De Discapacidad que la vacunen pero no le dieron una respuesta. Por eso hizo una presentación judicial. En el expediente el médico que atiende a la mujer certificó que está en condiciones de recibir la vacuna según los instructivos del Ministerio de Salud de la Nación.

“De lo descripto se desprende que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, y como tal, goza de la protección de todos los derechos constitucionales y convencionales por los cuales esta Juez y la sociedad deben velar para lograr su acabado cumplimiento”, explicó Diaz Cordero, titular del juzgado Civil 23 de la ciudad de Buenos Aires, sobre el caso de la mujer.

La jueza destacó que la tutela y los derechos de las personas con discapacidad están resguardados por la Constitución Nacional y en tratados internacionales en los que se reconoce que “las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.

La magistrada citó un informe de Naciones Unidas que destacó que en la pandemia del coronavirus las personas con discapacidad “se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes” y que la Organización Mundial de la Salud señaló que tienen mayor riesgo de desarrollar patologías graves, por lo que se trata de un grupo prioritario en la atención de su salud.

Fernán Quirós

La jueza recordó que cuando comenzó la vacunación del coronavirus en el plan estratégico se fijaron las prioridades para dar la dosis. Allí figuran el personal de salud, mayores de 70 años alojados en geriátricos, personas de entre 60 y 69 años, entre los tres primeros. “No surgen expresamente mencionadas en su articulado las personas que sufren una discapacidad y se ignora cuál sería el orden de prelación en el que se vacunará, aunque son personas -que tal como lo ha dispuesto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que gozan de una tutela preferentemente constitucional”, marcó Díaz Cordero.

El 26 de marzo el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el plan de vacunación e incluyó dentro de las personas con enfermedades graves a quienes tengan una discapacidad y estén en hogares o residencias. Pero sin una fecha de la aplicación de las dosis. Ante la falta de certeza de la vacunación y la situación de vulnerabilidad en su salud por su discapacidad, la jueza ordenó que sea inoculada.

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