La Dimayor le responde a la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestos vetos: “Son malintencionadas”

El fútbol colombiano sigue bajo la mira por las investigaciones sobre posibles prácticas antideportivas de algunos clubes profesionales, que desde 2021 empezaron a salir a la luz, en medio de denuncias de deportistas, y que afectó mucho a la Liga Femenina durante años.

Un nuevo paso se registró por el proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio, al hallar una serie de conversaciones entre directivos de instituciones para vetar a determinados futbolistas, que abrió un capítulo más a la polémica que tiene en aprietos a toda la Dimayor, así como a la Federación Colombiana de Fútbol y su presidente Ramón Jesurún.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De hecho, la División Profesional del Fútbol Colombiano se defendió de dichas acusaciones de la SIC, en un comunicado en el que no solo rechaza los señalamientos, sino que denunció supuestas irregularidades en la investigación, que, según la organización, no habría fundamento para una sanción.

En su comunicado, la Dimayor estableció ocho puntos sobre su concepto de la investigación de la SIC, no solo por las conversaciones de los directivos, sino por todo el proceso como tal desde 2021, señalando primero que “es una etapa más dentro de un proceso extenso y complejo y no significa, en modo alguno, una sanción a los investigados dentro del trámite. Son malintencionadas estas afirmaciones en tanto que aún faltan varias etapas procesales a surtirse dentro del trámite”

“Mantenemos la firme convicción y confianza en que, una vez el Consejo Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Señora Superintendente de Industria y Comercio realicen una lectura detallada y ponderada de las observaciones a este informe se desestimarán en su totalidad los cargos formulados”, añadió.

Otro punto fue recordar que es la tercera investigación al fútbol colombiano en cuatro años por parte de la SIC: “Ninguna otra industria ha sido sometida a este nivel de escrutinio. Con todo, las posibles sanciones derivadas de estos procesos podrían condenar a la liquidación a la gran mayoría de los clubes de fútbol investigados, afectando gravemente la estabilidad y el futuro de nuestro deporte nacional.

La Dimayor también mencionó su “preocupación” por la manera como se ha manejado el proceso: “Hemos señalado diversas irregularidades y actuaciones que, a nuestro juicio, no se compadecen con las garantías procesales que deben primar en cualquier investigación administrativa”.

De otra parte, la Dimayor dejó claro que, desde el primer momento, se dio colaboración para la información que la SIC requirió, pero que se revocaron las garantías en 2023, cuya razón “carece de fundamento sólido y perjudica los esfuerzos por encontrar soluciones concertadas”.

“Es motivo de grave inquietud que, hasta la fecha, la SIC no haya resuelto problemas sustanciales y graves del trámite procesal. Los investigados aún no contamos con un acceso integral, completo y oportuno al expediente. De hecho, algunos de los investigados solo pudieron tener acceso parcial al expediente mucho tiempo después de haber vencido el plazo legal para la presentación de los descargos y la solicitud de pruebas, lo cual constituye una clara vulneración al derecho de defensa y al debido proceso”, añadió.

Otro problema es que “no se ha probado nada nuevo que sustente las acusaciones iniciales de un supuesto acuerdo. El informe motivado publicado reconoce que solo hay un par de comunicaciones aisladas y no existe ningún elemento de juicio o prueba, que soporte la acusación de la SIC.

“La Delegatura parece no se tomó el trabajo de examinar los miles de documentos, archivos, pruebas documentales, periciales, testimonios, ni ningún argumento o prueba aportadas por los clubes y personas naturales investigadas, llegando, básicamente, a las mismas conclusiones del pliego de cargos original. Esto se ha hecho sin un examen riguroso y objetivo de las pruebas de descargo y, lo que es más grave, en aparente violación del debido proceso que debe regir estas actuaciones”, agregó.

El último punto es otro señalamiento de la Dimayor a la SIC, diciendo que no se habría entregado de manera correcta un expediente enviado por correo: “Estos terceros, a su vez, lo pusieron a disposición del público en general, exponiendo datos personales sensibles de las personas naturales investigadas, de testigos, y muchas otras personas ajenas a la investigación. Esta actuación no solo contraviene las normas de reserva procesal y protección de datos personales, sino que evidencia una falla grave en la custodia de información sensible por parte de la entidad. Es inaceptable que cada actuación de la SIC en este proceso parezca violar de forma cada vez más gravosa los derechos fundamentales de los investigados”.