El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la polémica generada por una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, un hecho que desató controversia nacional. La situación, que involucra a presuntos cabecillas de estructuras criminales, ha puesto en el centro del debate el control en los centros penitenciarios del país, según información obtenida por Revista Semana.
El episodio ha generado una fuerte reacción política y cuestionamientos sobre el manejo del sistema carcelario en Colombia. La presencia de un artista vallenato en el evento y la participación de internos vinculados a organizaciones delincuenciales han intensificado las críticas hacia las autoridades responsables.
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Frente a la controversia, Cepeda evitó profundizar en críticas directas y se limitó a hacer una declaración puntual sobre su postura frente al tema. Al ser abordado por la prensa, el candidato afirmó: “de mí no esperen declaraciones contra la paz”, citado por Revista Semana.
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Detalles de la parranda en la cárcel de Itagüí
De acuerdo con las primeras versiones conocidas, la fiesta fue organizada por señalados capos de combos delincuenciales de Antioquia que permanecen recluidos en la cárcel de Itagüí. El evento habría contado con la participación de un reconocido cantante vallenato, lo que elevó el nivel de controversia frente a las condiciones en las que se desarrolló la actividad dentro del penal.
Además, se estableció que al lugar acudieron los principales jefes de estructuras criminales de Medellín que estarían en procesos de negociación para una eventual transición a la legalidad bajo la política de paz total. Según las versiones iniciales, ellos mismos habrían financiado el evento, lo que implicaría una violación de las normas establecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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En ese sentido, el Inpec aclaró que no otorgó autorización para la realización de la actividad, al igual que el Gobierno nacional. Este hecho incrementó las dudas sobre los controles internos en el centro penitenciario y las posibles irregularidades que permitieron la realización del evento.
Reacciones políticas y medidas del Inpec
Las críticas desde distintos sectores no se hicieron esperar. El concejal de Medellín Andrés Tobón cuestionó la situación y expresó:
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“Esta es la demostración de la entrega y la renuncia de la justicia por parte del Gobierno de Gustavo Petro, cómo se repite la historia de La Catedral durante el Gobierno Petro. En esta ocasión, cómo se burlan de los habitantes de Medellín permitiendo que los peores cabecillas de estructuras criminales no solo hagan lo que quieran en esa cárcel-hotel, sino que, adicionalmente, crean que están por encima de todos mientras el Gobierno los protege”, citado por ese medio de comunicación.

Por su parte, el Inpec informó que inició acciones frente a lo ocurrido mediante un comunicado oficial en el que señaló:
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“Se apertura una investigación disciplinaria a siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita. Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento. Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, citado por Revista Semana.
En medio de la controversia, también se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta en X manifestó: “Queman fusibles, mientras los verdaderos responsables, comenzando por Petro, siguen en sus cargos rendidos ante los criminales”, citado por ese medio de comunicación.
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Otros sectores políticos han insistido en la necesidad de que el Inpec adopte medidas adicionales para evitar que se repitan hechos similares. La situación ha abierto un debate sobre la efectividad de los controles en los centros penitenciarios y las condiciones bajo las cuales se desarrollan procesos relacionados con estructuras criminales dentro del sistema carcelario colombiano.
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