
En diálogo con Infobae Colombia, la ingeniera electricista Sandra Fonseca habló sobre la idea que la ha convertido en tendencia, que incluye un giro en la gestión de los servicios públicos en Colombia.
La exdirectora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y expresidenta del Grupo de Energía de Bogotá propone que se adopte un modelo que se base en tecnología, sostenibilidad y regulación inteligente como ejes para transformar la relación entre los ciudadanos y los servicios domiciliarios.
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Fonseca señaló que el actual sistema de clasificación distingue a la energía eléctrica, el gas y el agua como servicios públicos, mientras que la telefonía, el internet y la televisión se consideran privados. Una categorización que repercute en la manera en que los hogares administran sus finanzas, ya que los servicios públicos representan cerca del 23% de los ingresos promedio del hogar colombiano,
La exfuncionaria advirtió que este promedio oculta realidades dispares, pues el gasto varía considerablemente según el estrato socioeconómico y la ciudad.

Como ejemplo, mencionó que en Bogotá el costo mensual de los servicios públicos para un hogar pequeño puede situarse entre 400.000 y 550.000 pesos, mientras que en Cartagena el rango oscila entre 450.000 y 680.000, lo que excluye subsidios y contribuciones.
La experta indicó que la regulación debe garantizar transparencia y equilibrio en la contraprestación de los servicios, y una revisión profunda permitiría responder a interrogantes como la existencia de incentivos regulatorios que priorizan la estabilidad financiera de las empresas por encima de la justicia tarifaria, o la posibilidad de que el esquema vigente socialice pérdidas y privatice utilidades.
Al explicar su propuesta, mencionó que se basa en tres frentes: el del ciudadano, que debe asumir el papel de “prosumidor”, capaz de generar y consumir su propia energía. En segundo lugar, mencionó el despliegue de infraestructura inteligente y la gestión avanzada de datos mediante el uso de algoritmos para anticipar desperdicios, detectar fugas en tiempo real y optimizar la operación de redes de energía y gas.
El tercer pilar de la propuesta se centra en la economía circular, que Fonseca resalta mediante la importancia de reciclar y optimizar el uso de residuos, escombros y materiales que pueden servir como insumos para nuevas industrias.
De acuerdo con la exdirectora de la Creg, “necesitamos tarifas asociadas a productividad y factores reales de mejora, junto con incentivos claros al aprovechamiento de residuos y el uso eficiente del agua”.

Para la experta, esta estrategia promovería marcos normativos que incentivan la eficiencia y permiten la experimentación controlada con tecnologías como blockchain e inteligencia artificial en la gestión de redes.
“La IA ya permite optimizar la infraestructura física mediante mantenimiento predictivo”, indicó al afirmar que esto se traduce en una reducción de apagones y cortes de agua de hasta 50%.
En el sector eléctrico, habló de la integración de energías renovables y sistemas inteligentes para contribuir en el ajuste de la oferta y la demanda en tiempo real, mientras que los medidores inteligentes junto con la inteligencia artificial facilitarían la implementación de tarifas dinámicas y la corrección de errores de facturación antes de que lleguen a los usuarios.

Fonseca subrayó que la tecnología debe ser una herramienta para mejorar la calidad del servicio y optimizar el gasto de los hogares, no un fin en sí misma. Por último, afirmó que el desafío consiste en lograr que la innovación se traduzca en experiencias personalizadas, ágiles y responsables, con una gestión eficiente de los datos y una participación ciudadana avanzada, no solo teniendo al ciudadano como la parte que desembolsa un dinero.
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