La familia de Miguel Mendoza, uno de los hombres que resultaron heridos durante un ataque sicarial que sucedió el 18 de enero del 2026 en las proximidades del estadio General Santander en Cúcuta, denunció una presunta negligencia médica en el hospital universitario Erasmo Meoz.
Según relató su esposa, Andrea Rodríguez, el hombre permanece a la espera de una intervención quirúrgica urgente en la rodilla tras recibir un impacto de bala, dijo la mujer, en conversación con Caracol Radio.
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Rodríguez, de hecho, expresó su preocupación por la demora en la atención médica. “Allá le dicen a él que se demora tres meses, que es mejor que se vaya, no me parece que en un hospital le digan a eso porque él tiene familia, él no es una persona de la calle, él no es un consumidor, él es barrista, no quiere decir que él esté en pasos malos, él tiene un niño que lo espera a cada rato, que lo pregunta”, alegó la mujer.
La familia teme que la falta de atención médica adecuada ponga en riesgo la recuperación de Mendoza.
La situación se agrava debido a la condición laboral de Miguel Mendoza. Según informó el medio, el hombre trabaja de manera informal junto a su esposa vendiendo pulseras y otros artículos.
La imposibilidad de trabajar por la lesión ha dejado a la familia sin ingresos fijos. “Nosotros trabajamos vendiendo pulseras, en lo que salga”, explicó Rodríguez al medio radial.
El testimonio de la esposa detalló que el paciente ha recibido sugerencias del personal médico para abandonar el hospital por voluntad propia. “Le dicen que se vaya, que pida la salida voluntaria, pero él no se quiere ir porque quiere su salud”, insistió la mujer.
Investigan al gobernador de Norte de Santander tras sicariato de periodista Jaime Vásquez
La investigación sobre el asesinato del periodista Jaime Vásquez sigue en desarrollo, en Norte de Santander, luego de que la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el gobernador William Villamizar por sus presuntos vínculos con el crimen.
La medida se ampara, según la Fiscalía, en una serie de audios del presunto sicario, así como en documentos confidenciales que Vásquez dejó bajo custodia antes de ser asesinado, hechos que han proyectado el caso más allá de la jurisdicción local y lo han elevado hasta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.
Uno de los elementos más relevantes en la investigación es la declaración de José Alejandro Arias, señalado por las autoridades como el autor material del homicidio, que en una grabación aseguró que aún no había recibido el pago pactado por el asesinato, además de solicitar a través de su abogado de oficio que se intercediera ante el gobernador Villamizar y ante el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, para que se gestionara el desembolso pendiente.
En otra grabación difundida por el periodista Daniel Coronell, Arias sostuvo que la deuda ascendía a 600 millones de pesos, señalando a Julio César Casas como el responsable de saldar el monto.
Según el testimonio de Arias: “Yo lo que quiero es solucionar esto… yo nunca quise el trabajo, yo creo que arriesgué mi vida”. Así lo documentó también W Radio al hacer público el contenido de las interceptaciones. Julio César Casas, identificado como empresario y propietario de diversas compañías de seguridad privada en Cúcuta, figura de manera recurrente en los audios recopilados por la Fiscalía.
Casas fue condenado a 18 años de prisión por delitos de explotación sexual y uso de menores; no obstante, ha rechazado cualquier implicación en el homicidio de Vásquez, aunque su nombre permanece vinculado al expediente de forma reiterada.
La Fiscalía determinó que Vásquez, consciente del peligro que enfrentaba debido a sus investigaciones sobre actos de corrupción y un proceso de extinción de dominio que, según sus denuncias, involucraría a Villamizar, miembros de su familia y aliados políticos, confió copias de la documentación a al menos dos personas de su círculo cercano
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