Iván Cepeda advirtió sobre presiones de sectores del país para obstaculizar su participación en consulta del 8 de marzo: “Violación a los derechos”

El 20 de enero de 2025, Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, denunció en un comunicado dirigido a la opinión pública presiones de sectores del país para obstaculizar su participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026.

“Algunos medios de comunicación comienzan a plantear desde ya la posibilidad de que mí inscripción para la consulta del próximo 8 de marzo sea impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hemos advertido desde el Pacto Histórico y desde mi campaña que una decisión esta naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”, puntualiza el escrito.

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Según el candidato del petrismo, el principal argumento para excluirlo de la consulta es su participación en la elección de candidatos del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

“(...)la consulta del 26 de octubre de 2025 que realizó el Pacto Histórico tenía un carácter partidista y no interpartidista como se ha pretendido presentar esta consulta. No solamente eso, en la participaron más de 2.700.000 personas, de las cuales más de 1.1500.000 votaron para que yo fuera el candidato del Pacto Histórico”, señaló Cepeda Castro.

De impedirse la participación en la consulta, el legislador sostuvo que tanto él como su partido se verán obligados a ejecutar maniobbras legales con el ánimo de proteger sus derechos y los de millones de votantes que apoyan su candidatura a la Presidencia de la República.

“Significaría de una manera absolutamente clara y abierta, una violación de nuestros derechos políticos y por supuesto motivaria la movilización del Pacto Histórico y las respuestas de carácter juridico y político que nosotros consideremos son adecuadas ente una eventual violación de nuestros derechos”, se lee en la misiva.

Utilizaron un predio incautado por la SAE para un evento en apoyo a la campaña de Iván Cepeda

El uso de la finca El Hatillo, un predio incautado y actualmente administrado por el Estado colombiano, para una actividad vinculada con la campaña presidencial de Iván Cepeda en Baranoa, Atlántico, reavivó los cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de estos bienes y las restricciones legales que los regulan.

En los materiales promocionales del evento —realizado el sábado 10 de enero de 2026 en un quiosco dentro de la finca El Hatillo— se convocó de manera explícita a la formación del «comité agrario de la campaña Iván presidente», y los organizadores se identificaron como miembros del equipo agrario del Pacto Histórico, según documentó Semana. Estas publicaciones alimentaron la polémica sobre una posible vulneración de las estrictas normas que impiden destinar bienes incautados a actividades políticas.

El predio en cuestión, identificado con la matrícula inmobiliaria 040-16424, fue decomisado previamente al empresario Julio César Polanía, a quien las autoridades relacionan con estructuras paramilitares y la banda criminal Los Costeños. Desde su incautación, la gestión quedó bajo la responsabilidad de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), encabezada por Nelson Viloria Larios.

Consultado por el medio citado, Viloria Larios negó en un primer momento que el encuentro respondiera a fines proselitistas: “No, del Pacto Histórico, no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico”, afirmó el presidente de Asoagro. Ante la evidencia de la convocatoria y la mención directa de Iván Cepeda, Viloria Larios modificó su posición. Explicó que el análisis giró en torno a las políticas de reforma agraria actuales y a una comparación con la propuesta específica de Cepeda, y añadió: “Pero no fue un evento del Pacto Histórico”.

Por su parte, Iván Cepeda manifestó desconocer completamente la realización del evento y aseguró que no autorizó el uso de su imagen: “Yo no tengo ningún conocimiento de esa reunión. En ese momento estaba en España”, sostuvo el candidato. Cepeda afirmó que, de haber estado enterado, habría intervenido para impedirlo, subrayando la obligación legal que tienen las asociaciones administradoras de cumplir con las restricciones establecidas.