La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Maximiliano Queragama Baniama, profesor de una institución educativa indígena ubicada en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, por su presunta responsabilidad en hechos de abuso sexual contra al menos cinco estudiantes menores de edad.
Los hechos habrían ocurrido entre los años 2020 y 2022, según la información conocida por el Ministerio Público.
De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría, el caso fue calificado de manera provisional como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, al considerar que las conductas atribuidas al docente habrían sido intencionales y reiteradas.
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Esta calificación implica que, de comprobarse los hechos, el comportamiento del investigado habría vulnerado de manera grave los deberes funcionales propios de su cargo como educador.
El Ministerio Público explicó que la determinación se fundamenta, entre otros aspectos, en la especial protección jurídica que ampara a las presuntas víctimas, quienes no solo son menores de edad, sino también integrantes de una comunidad indígena, condición que las ubica en una situación de mayor vulnerabilidad.
Por esta razón, la Procuraduría subrayó que el análisis del caso se realiza con criterios reforzados de protección de derechos fundamentales.
Según la información suministrada por las autoridades, el docente habría utilizado su posición de autoridad y confianza dentro del entorno escolar para incurrir en conductas inapropiadas de manera repetida.
Entre los hechos señalados en la investigación disciplinaria figuran la presunta exposición de estudiantes a material de contenido sexual y la realización de actos abusivos en el ámbito académico, lo que habría afectado gravemente la dignidad y la integridad sexual de las menores.
La Procuraduría indicó que la investigación se desarrolla bajo un enfoque de género, conforme a las directrices establecidas en los informes de implementación de la ley y en la normativa vigente para casos que involucran a sujetos de especial protección.
Este enfoque, precisó la entidad, permite valorar el impacto diferenciado de las conductas denunciadas y garantizar que el proceso incorpore medidas adecuadas para la protección de las presuntas víctimas.
En su pronunciamiento, el Ministerio Público enfatizó que las acciones atribuidas a Queragama Baniama no solo comprometerían derechos fundamentales de las estudiantes, sino que también constituirían un incumplimiento grave de los deberes éticos y profesionales que rigen el ejercicio de la docencia, especialmente en contextos educativos que atienden a comunidades históricamente vulnerables.
Como parte de las recomendaciones institucionales ante este tipo de situaciones, la Procuraduría recordó la importancia de activar de manera inmediata los protocolos de prevención y atención en los establecimientos educativos.
Estas medidas incluyen la separación temporal del docente de sus funciones, con el fin de proteger a la comunidad estudiantil y evitar posibles riesgos, así como el acompañamiento psicosocial y legal a las posibles víctimas y a sus familias.
Las denuncias sobre abuso y conductas indebidas en entornos educativos representan un desafío persistente para las autoridades y la sociedad.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia señala que existen canales formales para reportar irregularidades en el sistema educativo, entre las que se incluyen conductas inapropiadas de docentes, problemas administrativos y casos de corrupción.
Los ciudadanos cuentan con diferentes vías para elevar denuncias, como la página oficial del ministerio (mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/), líneas telefónicas gratuitas, atención presencial en la sede del ministerio en Bogotá, así como opciones virtuales que incluyen chat, videollamadas y citas en línea.
El procedimiento de denuncia requiere identificar la irregularidad, presentar las pruebas disponibles y explicar de modo detallado cuál ha sido el problema y su impacto.
El Ministerio de Educación dispone de 15 días hábiles para emitir una respuesta. Asimismo, en situaciones en las que pueda haber riesgo para el denunciante, cabe solicitar medidas especiales de protección ante la Procuraduría General de la Nación.
Para canalizar los casos, existen líneas como la 141 del Icbf, la 106 de salud, la línea de emergencia 123 y la línea púrpura 018000112137. También pueden acudirse a los Centros de Atención a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) y a la comisaría de familia más cercana.
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