La senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que inicie una investigación, luego de que se conociera una denuncia sobre una empresa que presuntamente habría aportado dinero para la financiación de la campaña del candidato Iván Cepeda y de Carolina Corcho.
El asunto es que la denuncia puntualiza que una suma contributiva de 1.462 millones que habría llegado a la campaña de la coalición del Pacto Histórico habría venido de empresas con presuntas irregularidades.
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Los datos fueron divulgados por La Silla Vacía. Allí se indica que las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico en Colombia recibieron aportes financieros inusuales.
“¡Mucho cuidado, Colombia! Aquí no hay un milagro y el CNE debe investigar cómo es que una empresa en liquidación y un local sin ingresos entregaron $1.462 millones para consulta de Cepeda y Carolina Corcho”, escribió la senadora.
Cuál es la denuncia
Las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico en Colombia habrían recibido recibieron aportes financieros inusuales que, según datos revelados por por el medio, y según una investigación que realizó también el periodista Melquisedec Torres.
La información se conoció mientras se acercan los comicios para la elección de curules en el Congreso, el 8 de marzo de 2026.
No obstante, según el informe periodístico, uno de los hallazgos más notorios indicados en los informes entregados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el papel de la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, en el financiamiento de la campaña de Iván Cepeda.
Indicó el informe que esta empresa realizó un aporte de $609 millones y su representante legal para 2024, Javier Antonio Pérez, sumó otra donación individual de $116 millones.
Ambas sumas corresponden a cerca del 75% de los fondos utilizados en la campaña de Cepeda, cuyo gasto total ascendió a $964 millones, según los datos consignados por el aspirante en el sistema Cuentas Claras del CNE.
En el cierre de su último informe financiero, la campaña de Cepeda reportó que $125 millones provinieron de recursos propios, mientras que el resto correspondió a “contribuciones o donaciones de particulares”.
La empresa mencionada Samat Publicidad S.A.S., según lo que se informó, figura en el Registro Único Empresarial y Social y está matriculada desde 2018 en la Cámara de Comercio de Barranquilla, dedicada a servicios de impresión, publicidad y comercio al por mayor de productos textiles y otros rubros afines.
El periodista Torres aseguró que Samat Publicidad S.A.S. no reportó ingresos por actividades ordinarias y tiene un capital pagado de solo 20 millones de pesos.
Además, imágenes actualizadas de Google Maps de agosto de 2024 muestran que la sede de la compañía corresponde a un pequeño local en una esquina del centro de Barranquilla.
Una empresa en liquidación
En la campaña de Carolina Corcho, las alertas también se centran en los orígenes de los fondos. Según Torres y los reportes al CNE, el 52% de los $1.428 millones gastados en su campaña (unos $737,7 millones) provinieron de préstamos hechos por “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación”, una empresa que, de acuerdo con los registros mercantiles, está disuelta y en proceso de liquidación desde abril de 2025 y que presentaba un capital menor a $2 millones, sin ingresos durante su existencia.
El local de la compañía supuestamente se ubica en la carrera 77 I No. 69 B 72 Sur, al extremo sur de Bogotá, pero, en palabras de Torres, “ni con Google Maps es posible ubicarla”.
El otro 48 % de los gastos de la campaña de Corcho se sustentó en 41 préstamos de personas naturales, de acuerdo con los soportes presentados ante el CNE y reportados por el periodista.
Las cifras detalladas en los documentos oficiales también exhiben que ninguna de las principales fuentes de recursos operaba con la solidez financiera esperada para los montos involucrados.
La ley colombiana fija el tope de financiamiento para este tipo de campañas en $6.080 millones, muy por encima de los gastos declarados por ambos candidatos, pero el origen y la capacidad real de las empresas donantes suscitan inquietudes sobre los mecanismos usados para canalizar los fondos.
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