Gobierno Petro respondió a las regiones y aseguró que la emergencia económica no afecta sus finanzas

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público salió a responder a las críticas y preocupaciones generadas por las medidas adoptadas como parte de la emergencia económica, al asegurar que los ajustes decretados no afectan las finanzas de los departamentos ni comprometen la prestación de servicios esenciales en las regiones. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Gobierno defendió el alcance del Decreto Legislativo 1474 de 2025 y sostuvo que su objetivo es obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para atender la coyuntura actual.

Según explicó la cartera de Hacienda, las medidas implementadas buscan enfrentar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales. En ese sentido, el Gobierno señaló que el decreto respeta el recaudo y la administración de los recursos por parte de los departamentos, garantizando el cumplimiento de sus compromisos presupuestales y los principios de colaboración armónica entre los niveles territorial y nacional.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con el destino de las rentas. La cartera de Hacienda precisó que estas mantienen sus destinaciones específicas, en especial hacia sectores considerados prioritarios como la salud, la educación y el deporte. Con esto, el Ejecutivo busca despejar los temores de un eventual desfinanciamiento de áreas sensibles para la atención de la población.

El comunicado también cita un estudio del Banco Mundial, titulado Impuestos sanitarios en Colombia (septiembre de 2025), para respaldar su posición. De acuerdo con ese análisis, el incremento del nivel previsto en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 no afecta las rentas de los departamentos, lo que, según el Gobierno, demuestra que las medidas no tienen un impacto negativo en los ingresos territoriales.

En medio del debate público que suscitó la declaratoria de la emergencia económica y sus decretos reglamentarios, el Ministerio de Hacienda aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con las autoridades regionales. Como parte de ese esfuerzo, anunció la convocatoria a una mesa de trabajo con gobernadoras y gobernadores, programada para el lunes 19 de enero a las 8:00 a. m., en la sala Antonio García Nossa de la entidad.

Departamentos se niegan a aplicar la emergencia económica

La decisión se tomó de forma coordinada y con un mensaje claro, 17 departamentos del país no aplicarán el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Meta, Santander, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Cauca, Cesar y Norte de Santander anunciaron que no ejecutarán las disposiciones tributarias incluidas en la medida, al considerar que vulneran la autonomía fiscal de las regiones y ponen en riesgo la financiación de servicios esenciales.

El pronunciamiento se consolidó durante la cumbre de gobernadores en Bogotá. Allí, los mandatarios coincidieron en que el decreto, defendido por el Ejecutivo como una herramienta para garantizar recursos destinados al pago de deudas y al sistema de salud, afecta directamente las rentas propias de los departamentos, en especial los ingresos derivados del impuesto al consumo de licores y cigarrillos, fundamentales para sostener hospitales y programas sociales.

Uno de los elementos más llamativos del bloque regional es su diversidad política. Gobernadores cercanos al proyecto del presidente Gustavo Petro se sumaron a la decisión, lo que, según los asistentes, confirma que el debate no pasa por afinidades ideológicas, sino por la sostenibilidad financiera de los territorios.

Frente a este escenario, los departamentos definieron una estrategia en dos vías. La primera es jurídica, con la presentación conjunta de acciones de tutela, bajo el argumento de que la aplicación del decreto podría afectar el derecho fundamental a la salud al disminuir los recursos disponibles para el sistema regional. La segunda es administrativa y más controvertida; varios gobiernos departamentales, con Antioquia a la cabeza, analizan aplicar la excepción de inconstitucionalidad, lo que implicaría no ejecutar las medidas tributarias del decreto hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo.

En paralelo, una delegación integrada por los gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Nariño prepara una solicitud formal para ser escuchada por el alto tribunal. El objetivo es exponer, con cifras y escenarios concretos, el impacto que tendría la norma sobre las finanzas locales.