Fiscalía imputó cargos contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena por pago en favor de un pensionado: el dinero ya se había entregado

La magistrada Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, integrante de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, enfrenta actualmente cargos formales por presuntos delitos graves tras una serie de decisiones judiciales irregularmente adoptadas durante su gestión como juez laboral en Barranquilla.

Una investigación del Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia sostiene que la funcionaria habría ordenado el pago de mesadas pensionales e intereses moratorios que, según las pruebas documentales, ya habían sido satisfechos o carecían de fundamento legal, facilitando un desembolso injustificado de recursos públicos a favor de un particular.

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La actuación bajo sospecha se remonta al 10 de julio de 2013, fecha en la que la magistrada Ramírez Villanueva, entonces juez laboral del circuito de Barranquilla, libró un mandamiento de pago por más de $1.697 millones en beneficio de un pensionado.

De acuerdo con la acusación, esta medida resultó abiertamente contraria a la legislación vigente y contradijo tanto las pruebas existentes en el expediente como las normas aplicables, pues desconoció que las obligaciones pensionales correspondientes “habían sido pagadas de manera completa y oportuna” por el Instituto de Seguro Social (ISS).

En este escenario, la funcionaria consignó en autos oficiales la orden para que el ISS realizara el desembolso en varias partes, permitiendo así que se transfirieran sumas correspondientes tanto a supuestas mesadas no pagadas como a conceptos de intereses moratorios e indexación monetaria. Lo llamativo es que estos montos adicionales se incorporaron a un cálculo inicial que la propia jueza Ramírez Villanueva había fijado previamente.

En una decisión del 24 de mayo de 2010, ella misma cuantificó el crédito en $571 millones, valor que después incrementó de manera “injustificada”, según la Fiscalía, hasta superar los $1.600 millones. Este incremento resulta todavía más relevante a la luz de una advertencia expresa emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla.

Esta autoridad superior determinó de forma taxativa que la deuda debía liquidarse en “cero”, ya que el ISS había cumplido en su totalidad con las prestaciones reclamadas.

A pesar de esta directriz, la magistrada avanzó en el trámite y autorizó la salida de los recursos estatales, generando lo que el ente acusador califica como un “detrimento patrimonial para el Estado”.

La Fiscalía imputa a Catalina del Carmen Ramírez Villanueva los delitos de prevaricato por acción (tomar decisiones abiertamente contrarias a la ley) y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía, ya que se trató de sumas superiores a $1.600 millones.

En criterio del ente investigador, la conducta de la magistrada favoreció de forma directa al beneficiario del proceso, permitiendo que este recibiera dineros del Estado “por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo”. La información divulgada tiene origen oficial y responde a la política de transparencia institucional. El proceso penal en curso busca esclarecer a fondo los hechos y delimitar las responsabilidades individuales.

Consejo de Estado dejó en firme destitución de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena

El Consejo de Estado confirmó la destitución de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena, al rechazar de forma definitiva su último recurso presentado contra el fallo que anulaba su elección por incurrir en doble militancia. La notificación oficial de la decisión, emitida el 25 de julio de 2025, pone fin a las posibilidades legales de Martínez para retornar al cargo.

La anulación de la elección se sustentó en pruebas que acreditan el respaldo público de Martínez a María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas del partido de La U, durante un acto realizado el 21 de septiembre de 2023 en la Villa Olímpica.

A pesar de que su partido, Fuerza Ciudadana, también postulaba listas al Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena, el tribunal señaló que Martínez “aparece en tarima e inicia su intervención, dedicada en gran parte a alabar las virtudes de las candidatas al Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena por el partido de La U, Miguelina Pacheco y María Charris”, según el documento judicial.

El Consejo de Estado enfatizó que Martínez fue debidamente notificado y ejerció su derecho a la defensa durante el proceso. Además, el tribunal subrayó que “el demandado contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana”, situación que constituyó doble militancia.