La decisión del Gobierno Petro de trasladar a reconocidos jefes criminales a las cárceles de Barranquilla ha provocado una oleada de reacciones en el Atlántico.
El plan contempla el traslado de Digno Palomino Rodríguez, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, así como de veinte integrantes de cada organización.
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Aunque la administración aseguró que estos reclusos estarán en establecimientos penitenciarios distintos, persiste la preocupación de que mantendrán influencia sobre sus redes delincuenciales en la región.
El anuncio coincide con un año electoral y ha encendido las alarmas de expertos y autoridades locales. El profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, especializado en seguridad y violencia, advirtió en Semana sobre los riesgos de la medida.
“Llama la atención que el Gobierno decida establecer esta mesa en la recta final de su mandato y en un año electoral, sumado a que no cuenta con un marco jurídico claro”, señaló Trejos, quien además subrayó el peligro de que la iniciativa tenga un trasfondo político y no esté orientada a la seguridad pública.
Según el académico, existen dudas sobre los verdaderos objetivos de la mesa de diálogo sociojurídico impulsada por la administración.
“Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo y no tener aún claridad los habitantes del territorio sobre lo que realmente se está negociando y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el Gobierno nacional en esta mesa de diálogo sociojurídico”, agregó Trejos.
Otro aspecto que generó inquietud fue la exclusión de la Alcaldía de Barranquilla de las conversaciones lideradas por la Dirección Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con Trejos, “llama la atención que de estos escenarios de pre-negociación y, eventualmente, negociación haya sido marginada la administración distrital, que es quien ha llevado adelante todo el esfuerzo por garantizar la seguridad de los habitantes de este territorio”.
La administración local, a través de un comunicado, expresó la necesidad de participar en los diálogos, advirtiendo sobre el impacto en la seguridad ciudadana.
“Desde la Administración distrital siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio, hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, afirmó la Alcaldía.
Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella: “Apoyemos a la alcaldía para que se oponga”
En medio de la controversia, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella emitió un duro pronunciamiento contra la decisión presidencial.
“Tan criminal como vil e infame con las víctimas del país es este proyecto electoral de Gustavo Petro y su mafia”, sostuvo.
De la Espriella criticó la intención de negociar con “los delincuentes más peligrosos y sanguinarios de la ciudad”, y alertó sobre una supuesta estrategia para “dejar que el hampa se tome las calles enteras para presionar y amedrentar hasta lograr el triunfo de sus listas al congreso y de su heredero político: Iván Cepeda”.
El abogado también responsabilizó al Gobierno Petro de haber llegado al poder “de la mano de los bandidos, los mismos con los que hoy se amangualan para atornillarse al poder”.
Finalmente, convocó a los ciudadanos de Barranquilla y Colombia a rechazar el traslado y apoyar a la Alcaldía.
“Quilleros, colombianos, Defensores de la Patria, somos los únicos que podemos denunciar esta barbarie, apoyemos a la alcaldía para que se oponga a esta toma delincuencial. ¡Colombia puede volver, jamás, a ser gobernada por bandas, carteles ni narco-populistas!”, concluyó De la Espriella.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, rechazó la decisión del Gobierno nacional de trasladar a alias Castor, Digno Palomino y más delincuentes a cárceles del Atlántico.
Char cuestionó la medida y advirtió que las prisiones locales no cuentan con condiciones para albergar criminales de alto perfil.
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