Aumento del salario mínimo de 2026 no vendría con subida de precios para multas y otras tarifas: trabajadores esperan respuesta

La revisión de los rubros indexados (ligados) al salario mínimo se convirtió en un asunto central en la mesa de concertación para el ajuste salarial en Colombia de cara a 2026. Por eso, el 9 de diciembre, tras la sesión de la misma, el delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, solicitó al Gobierno de Gustavo Petro examinar a fondo todos los conceptos relacionados al sueldo, como arriendos, servicios públicos y diversas tarifas, con el objetivo de evitar que el incremento salarial pierda efectividad por el aumento automático de estos costos.

“Hay una serie de tarifas, multas, varios ítems que están indexados y que en la medida que queremos proteger el poder adquisitivo del salario que se acuerde, entonces pedimos revisar, como se ha hecho en otras oportunidades, esos aspectos que están indexados”, afirmó el dirigente.

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Anotó que es necesario tener la ayuda del Gobierno para que se expida una norma que revise estos aspectos para proteger el poder adquisitivo del salario que sea acordado en esta oportunidad. De igual manera, resaltó que la expedición de una norma que garantice la protección del ingreso de los trabajadores resulta fundamental para que el ajuste salarial de 2026 tenga un impacto real en la economía de los hogares.

La preocupación de Oyola se centra en la práctica extendida de la indexación, que consiste en vincular el valor de bienes, servicios, tarifas y multas a la remuneración, de modo que cualquier aumento en este último se traslada de manera automática a dichos conceptos. La dinámica, según el delegado de la CGT, puede neutralizar los beneficios de un alza salarial, ya que los incrementos se ven absorbidos por el encarecimiento paralelo de productos y servicios básicos. Por ello, insistió en la necesidad de que el Gobierno actúe para evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea erosionado por esta mecánica.

Desindexación de las VIS

Al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ya había dando indicios de lo que buscaría el Gobierno frente a esto, Explicó, el 2 de diciembre, que la desindexación implica desvincular el salario mínimo como base para calcular el valor de ciertos bienes y servicios, con el fin de evitar que estos aumentos generen presiones inflacionarias.

Sanguino detalló que el Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, evalúa la posibilidad de modificar la lista de productos y servicios sujetos a dicha práctica. En particular, se refirió a la vivienda de interés social y prioritaria al señalar que “nos parece que ese impacto del salario mínimo no debería un asunto tan vital para los colombianos y colombianas, como es el de la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritaria”.

De igual manera, reconoció que el precio máximo de la vivienda y los subsidios asociados no deberían depender de manera directa del incremento anual del salario mínimo.

Productos y servicios que ya no suben con el salario mínimo

Y es que, desde 2023, el Gobierno implementó la desindexación en productos y servicios como:

• Licencias de conducción.
• Trámites ante la Registraduría Nacional.
• Copagos y cuotas moderadoras en salud.
• Tarifas notariales y registrales.
• Multas de tránsito.
• Servicios judiciales.
• Algunos costos educativos en instituciones públicas.

Sin embargo, para 2025, la lista de productos desindexados se mantuvo casi que sin cambios, de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Hacienda y el documento Conpes 4108 de 2022.

Rechazo a la propuesta del ministro del Trabajo

Por supuesto, la discusión sobre la desindexación de la vivienda de interés social generó controversia, ya que implica modificar un esquema que afecta a millones de familias. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, exministro de Vivienda, criticó la propuesta. Sostuvo que la medida podría afectar los subsidios y el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables.

“Ahora nos quieren decir que no hace parte del incremento salarial, pero, pues eso no tiene presentación. Simplemente, es ilegal. Como dijeron antes: le quitamos la i para que sea legal. Aquí estamos tratando de hacer lo mismo. Vamos a quitar un pedazo de lo que es verdaderamente necesario, simplemente, por quedar mejor con algún sistema o algún sector”, expresó el dirigente gremial al considerar que la desindexación podría debilitar los programas sociales de vivienda.

Qué productos o servicios subirían de precio en 2026

El alcance de la indexación en Colombia es amplio. Según estimaciones del Banco de Occidente, existen al menos entre 60 y 70 bienes, servicios y tarifas ligados al salario mínimo. Entre los conceptos afectados se encuentran:

• Matrículas de educación y cursos de formación complementaria.
• Aportes de trabajadores independientes.
• Costos laborales.
• Tarifas de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
• Pensiones mínimas.

Además, la Universidad de América identificó alrededor de 50 tarifas públicas con una indexación explícita al salario mínimo mensual legal vigente. Germán Eduardo Rodríguez, docente de la institución, explicó que “no todos los aumentos basados en la variación del salario mínimo están reglamentados; algunos precios se fijan de manera espejo, siguiendo los cambios en el salario mínimo”. La práctica, aunque no siempre cuenta con respaldo normativo, replica los efectos del alza salarial en la economía doméstica, ya que muchos precios se ajustan automáticamente tomando como referencia la inflación incorporada en las decisiones sobre el salario mínimo.