Estos son los “acuerdos incómodos” que propone el sector privado al Gobierno y a los colombianos para sacar al país de la crisis

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026, un documento que desafía a Colombia a dejar atrás el miedo al desacuerdo y a construir “acuerdos incómodos” como vía para el desarrollo. En medio de la crisis, la polarización y la desconfianza institucional, el documento plantea que el progreso no depende de la uniformidad de pensamiento, sino de la capacidad de alcanzar consensos prácticos entre actores diversos.

Al respecto, y al destacar el mensaje central del informe, la presidenta del CPC, Ana Fernanda Maiguashca, afirmó que “tenemos que hacer acuerdos para avanzar, y serán acuerdos incómodos”. Por su parte, el presidente del consejo directivo del CPC, Ricardo Sierra, puntualizó que “hablar de competitividad también es hablar de libertad económica, una libertad que no significa ausencia de reglas, sino un entorno donde las reglas sean claras, proporcionales y predecibles”.

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El informe, correspondiente al periodo 2025-2026, sitúa su análisis en medio de una coyuntura compleja para Colombia. Remarca que el país enfrenta una desaceleración económica, con crecimientos del 2,7% y 2,1% en los dos primeros trimestres de 2025, y una serie de desafíos estructurales que van desde la violencia y los problemas en el sistema de salud hasta riesgos energéticos y limitaciones fiscales. El CPC resalta que la baja productividad, la informalidad laboral, el déficit fiscal, el exceso de regulación, la brecha digital y la crisis institucional constituyen los principales obstáculos para el desarrollo sostenible.

Según el informe, pasa lo siguiente:

• La productividad laboral en Colombia representa apenas el 30% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
• En el sector agropecuario, un trabajador colombiano produce la mitad que uno en Brasil y solo un tercio de lo que genera un trabajador en Chile.
• El déficit fiscal alcanzó el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en más de 20 años, mientras que la informalidad laboral afecta al 56% de los trabajadores, de los cuales el 86% percibe ingresos inferiores al salario mínimo.
• La confianza en el Gobierno se sitúa en el 30%, muy por debajo del promedio de 47,5% en la Ocde.
• Las pequeñas empresas dedican cerca de 2.620 horas anuales a trámites burocráticos, lo que evidencia la urgencia de digitalizar procesos y reducir la carga regulatoria.

El CPC advierte que estos problemas no se deben solo a la falta de inversión o de conocimiento sobre las soluciones, sino a la dificultad para ejecutar reformas y a la persistencia de sesgos cognitivos como el cortoplacismo y la resistencia al cambio. “Reconocer los sesgos y las emociones que dividen al país es el primer paso para construir confianza y transformar los diagnósticos en resultados”, señala el informe. En este sentido, se propone aprovechar herramientas de la economía conductual para rediseñar políticas públicas más realistas y eficaces.

Dentro las recomendaciones clave, el informe aboga por reformas graduales y pragmáticas en sectores estratégicos:

• Energía: revivir los Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (Pines) y modernizar los procesos de licenciamiento ambiental para garantizar una transición energética segura y sostenible.
• Educación: fortalecer la formación técnica y tecnológica, utilizar inteligencia artificial para prevenir la deserción escolar y alinear la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral.
• Salud: saneamiento del sistema de salud con un enfoque gradual y sostenible.
• Mercado laboral:requiere un rediseño integral que incluya mecanismos flexibles como las cotizaciones parciales a la seguridad social y la revitalización del contrato de aprendizaje vinculado a la educación dual.
• Fiscal: simplificar el sistema tributario y eliminar exenciones ineficientes. La sostenibilidad fiscal no se logra con improvisaciones ni con cargas desbalanceadas, sino con un sistema simple, equitativo y predecible.
• Brecha digital: teniendo en cuenta que solo el 9% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) colombianas utiliza tecnologías como internet de las cosas o análisis de datos, frente al 27% promedio de la Ocde, se propone invertir en conectividad, alfabetización digital y políticas de innovación abierta para cerrar esta brecha y mejorar la inserción de las empresas en cadenas globales de valor.

• Institucionalidad: ante el exceso de regulación, con un promedio de 23,8 normas diarias emitidas por el Estado, lo que asfixia la innovación y dificulta la ejecución de políticas efectivas, se plantea pasar de un Estado licenciante a uno que evalúe resultados y fortalezca la rendición de cuentas, advirtiendo que la eficiencia no se logra con más reglas, sino con mejores mecanismos de evaluación y seguimiento.

Ana Fernanda Maiguashca enfatizó en que “somos distintos, pero eso no nos da espacio para ser distantes. La invitación es a hacer acuerdos con personas que no se parezcan a nosotros. La tarea es que sean incómodos, y si no son incómodos, es que no la hemos hecho lo suficientemente bien”.

Por su parte, Ricardo Sierra resaltó que “la libertad económica es el oxígeno del emprendimiento, la energía que impulsa la productividad y la base para un crecimiento que sea sostenible y compartido, pero solo florece cuando hay instituciones sólidas, mercados abiertos y un Estado que entiende que su papel no es controlar sino habilitar”.

Asimismo, en el informe se insiten en que “no basta con crecer; hay que crecer mejor”.