Corte Suprema absuelve a Angélica Lozano: se cae el caso por el metro de Bogotá y confirma que no hubo pruebas en su contra

Después de más de dos años bajo la lupa judicial, la senadora Angélica Lozano quedó oficialmente libre de investigación penal. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió archivar el expediente en su contra tras concluir que no hay evidencia, ni directa ni indirecta, que la vincule con presuntos pagos irregulares relacionados con la contratación del metro de Bogotá.

El fallo, conocido recientemente, pone punto final a una indagación que tuvo su origen en interceptaciones telefónicas y reportes de la Fiscalía General de la Nación, los cuales la mencionaban como posible beneficiaria de dineros provenientes de contratos públicos. Sin embargo, luego de revisar a fondo los audios, documentos y testimonios allegados al caso, el alto tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para mantenerla vinculada.

En su decisión, la Corte fue enfática: “No existen evidencias directas ni indirectas que permitan inferir su intervención en gestiones indebidas relacionadas con la contratación del metro”.

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El caso había comenzado a tomar forma en septiembre de 2023, cuando la Fiscalía envió una compulsa de copias a la Corte Suprema, mencionando el nombre de Lozano en medio de un proceso por supuestas irregularidades en la financiación de campañas del Partido Verde. La Corte abrió una indagación preliminar en mayo de 2024, pero el curso de los hechos terminaría revelando una historia distinta a la que inicialmente se insinuó.

De acuerdo con los reportes iniciales, la controversia surgió por interceptaciones telefónicas en las que se escuchaban conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exfuncionario del Ministerio de Transporte, y un empresario chino identificado como William o Dong. En los diálogos, realizados entre enero y marzo de 2022, se hablaba de presuntos sobornos por más de 10.000 millones de pesos, y una parte de esos dineros, unos 6.000 millones, según publicó la Revista Semana, habría estado destinada “a los verdes” para financiar campañas políticas.

Las menciones, aunque vagas, alcanzaron a salpicar a la entonces alcaldesa Claudia López y a la propia Lozano. Ambas reaccionaron de inmediato, rechazaron los señalamientos, los calificaron de “montaje” y aseguraron que se trataba de una estrategia para desprestigiar su trabajo político.

La Corte Suprema, tras agotar la fase preliminar, consideró que las conversaciones interceptadas no constituían prueba alguna de participación en delitos o acuerdos indebidos. No existía, señaló el alto tribunal, un solo elemento que vinculara de manera verificable a la congresista con el supuesto flujo de dinero proveniente del contrato del Metro.

La decisión, de carácter inhibitorio, implica que no se abrirá proceso penal contra Lozano y que la investigación queda formalmente cerrada. De este modo, el tribunal descartó cualquier relación entre la senadora y los presuntos actos de corrupción mencionados en los audios.

El episodio deja también una reflexión sobre el impacto mediático y político que pueden tener las filtraciones y rumores en torno a figuras públicas. Durante meses, el caso fue utilizado por sectores adversos para cuestionar la transparencia de la Alianza Verde y la gestión de la administración distrital anterior. Ahora, con el cierre definitivo del expediente, la Corte envía un mensaje claro sobre la importancia de la verificación probatoria antes de formular acusaciones.

La senadora, que continúa activa en su labor legislativa, aun no se pronuncia en detalle sobre la decisión, aunque en ocasiones previas insistió en que confiaba plenamente en la justicia y en la revisión objetiva de los hechos. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación evalúa también la terminación de la indagación disciplinaria que había abierto en el marco de las mismas denuncias, la cual podría cerrarse en los próximos días.