El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la importancia de establecer límites claros al poder presidencial en Colombia, especialmente frente a las actuaciones del jefe de Estado en escenarios políticos y administrativos.
En declaraciones recientes, Eljach destacó que, aunque la figura presidencial es la máxima representación de la voluntad popular, no está exenta de controles ni responsabilidades legales.
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“En Colombia la figura presidencial, que es la máxima representación de la voluntad popular, jefe de Estado, director de la política internacional y autoridad máxima en lo administrativo, tiene una connotación distinta a cualquiera de los otros servidores públicos. Sin embargo, no es que no haya límites”, precisó el funcionario.
Eljach recordó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano competente para evaluar las conductas del presidente en ejercicio o de quienes hayan ocupado el cargo.
No obstante, el Gregorio Eljach insistió en que el poder presidencial, por su fuerza y alcance, debe ejercerse con prudencia y responsabilidad.
“Es una figura muy fuerte, muy poderosa, a la que también hay que ponerle límites porque, por esa fuerza y ese poder, puede en algún momento, sin quererlo, desequilibrar el pensamiento del votante”, expresó Eljach, quien advirtió que el mandatario debe mantener independencia y distancia frente a intereses particulares o partidistas.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que la legitimidad de la Presidencia no solo depende del cumplimiento jurídico, sino también del comportamiento ético del mandatario ante el país.
“Uno tiene que saber sus límites y ser responsable con eso, mostrando que está cumpliendo no solamente desde el punto de vista legal, sino también ético, con la gente que espera imparcialidad y respeto por los derechos de todos”, añadió Eljach.
Finalmente, reiteró que cualquier investigación sobre la posible participación política del presidente de la República corresponde exclusivamente a la Cámara de Representantes.
Su llamado, enfatizó, que no busca cuestionar directamente a una persona, sino resaltar la necesidad de preservar la institucionalidad y el equilibrio democrático en el ejercicio del poder.
Procurador Gregorio Eljach lanzó fuerte advertencia para las próximas elecciones: “Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó una advertencia sobre los riesgos que representan los discursos de odio en el marco de la actual campaña electoral en Colombia.
En un mensaje público, el jefe del Ministerio Público instó a los funcionarios y líderes políticos a actuar con prudencia y responsabilidad para evitar que la confrontación ideológica derive en escenarios de violencia o deslegitimación democrática.
Eljach recordó que el país ha atravesado múltiples crisis marcadas por la polarización y la intolerancia, alimentadas por diferencias sociales, económicas y políticas que, según dijo, “siguen latentes y pueden reavivarse si los discursos radicales toman protagonismo”.
Por ello, hizo un llamado a construir una “paz electoral” que garantice la tranquilidad ciudadana y el respeto por la voluntad popular.
El procurador dirigió su mensaje tanto al presidente Gustavo Petro y su gabinete como a todos los niveles del servicio público, subrayando que la neutralidad institucional durante el proceso electoral es un principio fundamental.
“El presidente y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, siempre bajo la ley y la Constitución”, señaló.
Asimismo, Eljach advirtió que los servidores públicos deben abstenerse de intervenir indebidamente en actividades políticas, recordando que la Procuraduría General de la Nación mantendrá su labor de vigilancia y prevención frente a posibles irregularidades.
El funcionario insistió en que las campañas deben desarrollarse de manera pacífica y constructiva, exhortando a los candidatos a defender sus ideas sin recurrir a expresiones que promuevan la violencia o la discriminación.
Finalmente, aseguró que los resultados de las urnas “deben ser respetados y salvaguardados por todos”, pues en ello radica la fortaleza de la democracia, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
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