La comunidad en el sur del Cauca se encuentra consternada tras la muerte de Edwin Portilla Pérez dentro de una ambulancia que lo trasladaba desde Bolívar hacia Popayán, encendiendo las alarmas sobre la situación de seguridad a la que se enfrenta el personal médico en el país.
El crimen ocurrió cuando el vehículo de emergencia en la que viajaba el hombre de 49 años, que había sufrido un atentado a bala horas antes, fue interceptada por hombres armados en el sector conocido como El Juncal.
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Los agresores obligaron al conductor y al personal sanitario a detener el vehículo, los intimidaron y luego ejecutaron al paciente, dejándolo sin vida a un costado de la carretera. Tras la agresión, los criminales obligaron a los tripulantes de la ambulancia a regresar al casco urbano de Bolívar, mientras ellos huían del lugar.
Aunque el chofer y los profesionales sanitarios resultaron ilesos físicamente, de acuerdo con el relato por líderes comunitarios y autoridades, presentaron fuertes secuelas psicológicas tras vivir el violento ataque.
Horas antes, varios hombres armados habían entrado a la vivienda de Portilla Pérez, en el barrio El Libertador de Bolívar, disparándole en repetidas ocasiones antes de huir.
La gravedad de sus heridas motivó el traslado urgente al hospital local, donde los médicos ordenaron su remisión al Hospital Universitario San José de Popayán. Sin embargo, el intento de salvarle la vida terminó de forma trágica en la vía, en un hecho catalogado por las autoridades como un flagrante atentado contra la misión médica y una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La rápida intervención de la Defensa Civil permitió el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue del hospital de Bolívar, mientras la noticia del asesinato se difundía y generaba rechazo por toda la región.
La Gobernación del Cauca y la Secretaría de Gobierno condenaron enérgicamente el crimen, emitiendo un comunicado en el que afirmaron: “En el Cauca rechazamos todo acto de violencia contra la Misión Médica. Atentar contra el personal de salud y los pacientes es vulnerar la vida misma. Exigimos respeto absoluto a quienes, con neutralidad y humanidad, salvan vidas en medio de la emergencia”, según la Gobernación.
La reacción institucional no se hizo esperar, y las autoridades anunciaron la convocatoria de una Mesa Extraordinaria de Misión Médica junto con la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección al talento humano en salud y asegurar que los servicios médicos no sean interrumpidos por la violencia.
La Secretaría de Salud del Cauca alertó que este caso se suma a hechos similares ocurridos recientemente; el jueves 2 de octubre un médico de la E.S.E. Bolívar fue retenido y obligado a ir bajo amenazas a un lugar desconocido para atender a personas heridas.
La entidad calificó la acción como una “clara vulneración al Derecho Internacional Humanitario… estos hechos atentan contra la vida, la integridad y el ejercicio humanitario del personal de salud”, según indicó la dependencia.
A su vez, la alcaldía de Bolívar elevó un llamado urgente a todos los actores armados a garantizar el respeto y el libre ejercicio de la misión médica, destacando que cualquier restricción, amenaza o condicionamiento sobre la movilidad de los equipos sanitarios “representa una violación inadmisible a las normas internacionales”, en palabras de la administración local.
Organizaciones sociales y líderes del Macizo Colombiano también manifestaron su preocupación, señalando que en territorios apartados como el suyo, el personal sanitario es con frecuencia la única esperanza de vida para muchas comunidades. “Pedimos que respeten la labor médica, sobre todo en zonas apartadas como el Macizo, donde estos equipos son la única esperanza para salvar vidas”, enfatizaron voceros comunitarios.
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