En una declaración publicada en su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro lanzó una grave acusación contra Colsubsidio, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud revelara el hallazgo de más de 11.800 unidades de medicamentos en inventario, pese a que figuraban como “pendientes” para pacientes afiliados a las EPS Sura y Famisanar.
“Acaparando medicamentos, lo cual es un crimen de lesa humanidad señora @FiscaliaCol y señores de @Colsubsidio_Ofi”, escribió el mandatario en su perfil, generando una ola de reacciones tanto en redes sociales como entre actores del sistema de salud.
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La declaración del presidente se registró apenas horas después de que la Superintendencia Nacional de Salud hiciera pública una auditoría realizada el 14 de julio a dos puntos claves del gestor farmacéutico Colsubsidio, el centro de distribución (Cedi) ubicado en Funza y el punto de dispensación en Plaza Central, que abastece medicamentos a afiliados de las EPS mencionadas.
El informe de la Supersalud reveló que 10 de 27 medicamentos seleccionados estaban disponibles en bodega, pero seguían sin ser entregados a pacientes que los tenían autorizados. En total, se encontraron 11.855 unidades en inventario que, según los registros, aún no habían sido despachadas.
A esto se sumó otra preocupación, el 37% de los medicamentos auditados ni siquiera estaban disponibles físicamente, pese a estar asociados a patologías de alta complejidad como cáncer, trasplantes, diabetes y enfermedades renales crónicas.
Con su afirmación, el presidente Petro introdujo un término jurídico extremadamente grave, crimen de lesa humanidad, tipificado en el derecho internacional como una violación sistemática y generalizada contra la población civil.
Que el jefe de Estado use esa calificación pública eleva la discusión a un nuevo nivel. Aunque no implica automáticamente una apertura de investigación penal, sí representa un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación, mencionada explícitamente en el mensaje del presidente. Hasta el momento, ni la Fiscalía ni Colsubsidio respondieron oficialmente a la declaración del mandatario.
Por ahora, la Superintendencia de Salud ya tomó medidas concretas frente a lo encontrado en la auditoría. Se ordenó la entrega inmediata de los medicamentos almacenados en un plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de la notificación.
Además, se impuso una medida cautelar a Colsubsidio consistente en garantizar la entrega efectiva de tecnologías en salud contratadas con Famisanar y prohibir el cierre de establecimientos farmacéuticos que atiendan usuarios de esta EPS, al menos hasta el 1 de septiembre de 2025. Esta fecha marca el fin del periodo de transición establecido tras la terminación del contrato entre ambas entidades.
En palabras del superintendente Rubiano, “la salud es un derecho fundamental y prevalece sobre cualquier razón de índole comercial, administrativa o dificultad contractual entre un gestor farmacéutico y la EPS. Hoy los gestores farmacéuticos preocupan más que las mismas EPS, porque la inoportunidad en la dispensación de medicamentos deriva en la interrupción de los tratamientos médicos, especialmente en los pacientes crónicos”.
Esta situación se da en medio de una crisis general del sistema de salud, con múltiples señales de alerta sobre la continuidad financiera y operativa de las EPS, demoras en la atención, y una creciente tensión entre el Gobierno nacional y los prestadores de servicios de salud.
La acusación del presidente también hace parte de su narrativa constante sobre la necesidad de reformar estructuralmente el sistema. Al posicionar a los gestores farmacéuticos como nuevos focos de preocupación, Petro refuerza su argumento de que no solo las EPS, sino también actores privados intermedios, están afectando la atención oportuna y equitativa en salud.
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