
En la tercera semana de junio, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe en el que habló del proceso de paz en Colombia tras unas labores de monitoreo.
En el documento se alertó sobre el “recrudecimiento de la violencia en el país” sudamericano, en donde se evidenció afectación de la población civil. Entre los hechos documentados hay desplazamiento forzado, confinamientos, y el aumento de reclutamiento de menores por los grupos armados.
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De la misma forma, se expuso que hay persistencia del uso de minas antipersonal y municiones sin explosionar en el territorio nacional; lo que demuestra el crecimiento y fortalecimiento de los grupos armados en Colombia.
En diálogo con Infobae Colombia, el experto en estudios jurídicos, políticos e internacionales, que es docente de la Universidad de la Sabana, Juan Nicolás Garzón, analizó el documento expuesto por la OEA y las responsabilidades del Gobierno nacional en el “recrudecimiento” de la violencia en el país.

En primer lugar, Garzón indicó qué grado de responsabilidad tiene el Estado en el aumento de la violencia, sin dejar de lado que los principales culpables son los grupos armados.
“La responsabilidad primaria de estos de esta agudización de la violencia es de los grupos ilegales, de los grupos armados y de las organizaciones y las bandas criminales que operan en varias zonas del país. Son ellos quienes, como actores armados, han sido los protagonistas principales de las violaciones a los derechos humanos, del desplazamiento, de la muerte de civiles, de las infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
Enfocándose en el Estado únicamente, expuso que el Gobierno Petro ha tenido la intención de buscar un diálogo de paz, pero sin tener una estrategia sólida.
“Es histórico, una baja presencia institucional, hay unas demandas no atendidas, hay poco desplazamiento de las instituciones y del Estado en varias zonas del país que es innegable. El Gobierno no ha logrado avances evidentes efectivos en su estrategia de paz total, la invitación al diálogo que ha hecho el Gobierno ha sido de manera genuina, pero no estaba acompañada de una estrategia consistente”.

Garzón mencionó que no se trata de problemáticas nuevas; sin embargo, revalidó la responsabilidad del Gobierno nacional por no hacer cambios estructurales notorios para que esto no se siga registrando.
“Las afectaciones no son nuevas, tampoco podemos decir que esta situación sea un asunto de este gobierno, es un asunto complejo que no se restringe solamente a la coca, pero durante este Gobierno tampoco les apoyó (para resolverlas). Las afectaciones económicas no son nuevas, pero no por nuevas dejan de ser graves”.
Para explicar por qué considera que no se ha priorizado una solución radical para que el conflicto armado deje de crecer, el experto indicó que una razón de peso es que la violencia no se registra en el centro del país, sino en las periferias olvidadas.
“Se ha expresado no en el centro del país, sino que se expresan en las periferias, en el campo; los desplazamientos, los dramas humanitarios, la violación de los derechos humanos, todo eso ha sido particularmente en la periferia, en las regiones, en el campo, y por supuesto tiene afectaciones profundas y las seguirá teniendo seguramente durante muchos años más, especialmente en la periferia”.

Sobre los avances que realizó Colombia con el acuerdo de Paz, Garzón indicó que es un ejemplo de cuando las buenas intenciones no son ejecutadas de manera correcta.
“Lo más reciente fue una apuesta por la paz, en la que lo que se ha hecho es desescalar este conflicto, sacando a la guerrilla más antigua del continente, pero la implementación ha sido un problema y un desafío muy grande. Problemas de voluntad política, de interés genuino en aplicar o implementar lo del acuerdo de paz”.
Entre los problemas que, para el experto, no permiten un avance concreto en la búsqueda de la paz, el experto mencionó la sensación de que es insuficiente el trabajo de la JEP y que no hay una solución cercana para neutralizar el narcotráfico.
“Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha avanzado en el esclarecimiento de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, la sensación que hay sobre la implementación de la justicia en el marco del conflicto no es la mejor, podríamos decir que es insuficiente. El otro tema trascendental es el de las drogas en un contexto en el que no hay una solución definitiva”.

Por último, Garzón analizó el informe de la OEA, del que mencionó que claramente no es positivo y expone un problema que no es nuevo y ya ha sido mencionado de diferentes formas por actores políticos.
“Hace énfasis en algo que ya se ha venido denunciando y se ha venido viendo durante un buen tiempo; además de la violencia que tiene como víctima fundamental a la población civil, un aumento acelerado de organizaciones y de grupos armados”.
Sin embargo, el experto terminó su análisis mencionando que en el informe se habla de zonas en las que hay avances positivos, lo que puede ser crucial para que se tomen como ejemplo de lo que se está haciendo bien.
“Apunta precisamente a eso, señala algo que puede ser el inicio, la semilla de avances más importantes. El informe lo que hace es señalar que hay avances en zonas específicas, en casos particulares, que pueden dar pie a que se piense en avances más relevantes, pero que a la fecha siguen siendo insuficientes”
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