El 18 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto 0639, que convoca la consulta popular por parte del Gobierno nacional, al identificarlo como una disposición electoral emitida por una autoridad nacional en el contexto de una consulta popular.
El alto tribunal ordenó, como medida cautelar, la suspensión temporal del decreto mientras avanza el estudio del caso.
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Por esta decisión, congresistas de distintos sectores reaccionaron. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, celebró la decisión del Consejo de Estado.
“El Gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. El ‘decretazo’ es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente de la República”, indicó Motoa en declaraciones a Caracol Radio.
Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y presidente del Senado de la República, afirmó que la decisión del alto tribunal tiene como objetivo la protección del Estado de Derecho.
“La decisión busca proteger el Estado de Derecho y evitar un daño irreparable. Este auto resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático. Todo nuestro apoyo al Consejo de Estado y a la justicia en general”, afirmó Cepeda.
Nadia Blel, también del Partido Conservador, aseveró que la decisión del Consejo de Estado es una “voz de esperanza” para la democracia y los colombianos.
“Es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional. Lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esta investigación, el presidente, el Gobierno, el registrador, no podrán utilizar recursos de los colombianos”, expresó la presidenta de la colectividad.
Ariel Ávila, de la Alianza Verde, explicó a Caracol Radio que la decisión del Consejo de Estado era de esperarse, pero precisó que ahora se debe esperar la conciliación de la reforma laboral entre la Cámara de Representantes y Senado.
“Era crónica de una muerte anunciada, se sabía que esto lo iban a decidir los jueces, que seguramente el Consejo de Estado tomará una decisión y eso podría llegar a la Corte Constitucional. Sin embargo, esto puede quedar zanjado, porque si los conciliadores llegan a un acuerdo frente a la reforma laboral, habrá una reforma muy buena y el presidente tendrá que cumplir su palabra de retirar el decreto”, explicó el senador Ávila.
María José Pizarro, senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, aseguró que ellos son respetuosos de las decisiones de la justicia, pero que espera del alto tribunal un análisis detallado de las tutelas presentadas.
“Nosotros siempre respetamos las decisiones de la justicia; esperamos que en el análisis que arranca en estos días analice muy bien las tutelas presentadas, no solamente por los parlamentarios, también por la sociedad civil y que analice también el fallo de tutela que busca o que ordena respetar mis derechos, dada la clara violación a las garantías parlamentarias durante la votación de la consulta popular”, aseveró María José Pizarro.
Qué dice el Consejo de Estado
En el fallo del Consejo de Estado se puede leer que “en ese orden de ideas, debe señalarse que de la lectura de los artículos 104 de la Constitución Política, y 50 y 31 b) de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, respectivamente, se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”.
Esta lectura jurídica podría fortalecer el papel del Congreso en la supervisión de los mecanismos de consulta popular y debilitar el argumento del Ejecutivo, que sostiene que en la sesión del 14 de mayo de 2025 se habrían cometido cinco irregularidades de procedimiento. En esa jornada, con una votación de 49 a 47, la plenaria del Senado rechazó la iniciativa que buscaba convocar a los ciudadanos a las urnas.
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