El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, envió una solicitud formal a la Corte Constitucional para que asuma el conocimiento de todas las demandas presentadas contra el decreto que convoca la consulta popular anunciada por el Gobierno.
El alto funcionario argumentó que este tribunal es el llamado a resolver dichas acciones jurídicas, basándose en antecedentes constitucionales previos.
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En el documento enviado al alto tribunal, Montealegre se refirió a decisiones anteriores de la Corte sobre temas similares, en particular, las que involucraron el plebiscito impulsado durante el proceso de paz.
Según señaló, en ese entonces, las demandas que inicialmente se presentaron ante el Consejo de Estado fueron remitidas a la Corte Constitucional para su estudio, y en consecuencia, ese precedente debe aplicarse a la situación actual.
“La respuesta a ese problema jurídico fue categórica al advertir que la Corte Constitucional tiene la competencia ‘exclusiva y excluyente’ respecto de los actos relacionados con la ‘convocatoria’ y ‘realización’ de un plebiscito o cualquier otro de los mecanismos de participación popular a que hace referencia el artículo 241.3 de la Constitución”, se lee en el documento remitido por el ministro al alto tribunal.
El pronunciamiento se dio en medio de un debate jurídico sobre la legalidad del decreto mediante el cual se oficializó la convocatoria a la consulta.
Varias acciones judiciales han sido instauradas en contra de este acto, tanto ante el Consejo de Estado como ante la Corte Constitucional. Montealegre considera que deben ser acumuladas y tramitadas en esta última instancia.
Además de esa solicitud, el ministro elevó otra petición relacionada con la forma como se está tramitando el estudio del decreto en la Corte.
En una nueva comunicación dirigida a cada uno de los magistrados, Montealegre pidió que los procesos presentados contra el decreto no se concentren únicamente en el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, actual ponente del decreto presidencial.
En su misiva, el titular de la cartera de Justicia expresó que la distribución de las demandas debe realizarse mediante sorteo, permitiendo que distintos magistrados participen activamente en la revisión constitucional de los recursos.
Esta postura está orientada, en su concepto, a ampliar las perspectivas jurídicas dentro del alto tribunal y evitar que todas las decisiones se concentren en un solo despacho.
En palabras del ministro, los “debates democráticos” generados por la expedición del decreto deben prevalecer sobre la “economía procesal”, por lo cual, en su criterio, se tiene que “maximizar el alcance de la participación ciudadana a través del reparto y análisis de cada proceso por separado (...) se trata de garantizar la reflexión calificada de magistrados y magistradas”.
El planteamiento hace parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para defender la validez del decreto con el que se busca consultar a la ciudadanía sobre temas definidos por el Gobierno.
La consulta fue expedida vía decreto presidencial y ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico, incluyendo demandas de inconstitucionalidad.
El Consejo de Estado, que ha recibido algunas de estas acciones, aún no se ha pronunciado sobre su competencia o la posibilidad de remitirlas a otro tribunal.
No obstante, la posición del Ministerio de Justicia busca que sea la Corte Constitucional quien unifique criterios y decida sobre la legalidad del decreto y de su procedimiento de convocatoria.
La solicitud también deja en evidencia el interés del Gobierno en que la revisión de las acciones judiciales contra la consulta se realice en el menor tiempo posible y bajo un análisis profundo y plural por parte del tribunal constitucional.
El ministro reiteró que la multiplicidad de voces dentro de la Corte puede fortalecer el proceso y generar mayor legitimidad en la decisión que se adopte.
Por ahora, se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las solicitudes del ministro Montealegre y defina si acumulará las demandas interpuestas, así como el procedimiento de reparto de las mismas.
La consulta popular sigue en el centro del debate público mientras se resuelven las acciones judiciales que buscan frenar su desarrollo.
Las decisiones que adopte el alto tribunal en las próximas semanas serán determinantes para el futuro del decreto presidencial y, en general, para la implementación del mecanismo de participación que propone el Gobierno.
Mientras tanto, los magistrados avanzan en la revisión de los argumentos presentados en las demandas y en las comunicaciones oficiales del Ejecutivo.
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