El expediente judicial sobre la desaparición forzada de líderes indígenas arhuacos en el departamento del Cesar en 1990 ha sumado un nuevo capítulo, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenara la remisión de copias a la Fiscalía para investigar a varios civiles por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura y desaparición de tres mamos y tres indígenas arhuacos.
Según informó la justicia especial en la mañana del lunes 16 de junio, la decisión involucra a reconocidos empresarios y hacendados de la región, así como a personas vinculadas con estructuras paramilitares.
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De acuerdo con la JEP, se identificó a Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, los hermanos José y Carlos Mattos, y Wilson Ramírez como los civiles que deberán ser investigados por la Fiscalía.
Entre ellos, Carlos Mattos se destaca por su pasado como monopolista de la venta de vehículos Hyundai en Colombia, posición que perdió tras una disputa legal con la casa matriz y que derivó en una condena de cuatro años de prisión por corrupción, ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2023.
El órgano de justicia transicional detalló que Luis Alberto Restrepo es propietario de la hacienda Bethania, ubicada en El Copey (Cesar), lugar donde, según el expediente, se habría producido el secuestro y tortura de los mamos arhuacos.
Además, la JEP sostiene que Restrepo no solo habría facilitado su propiedad para estos crímenes, sino que habría tenido un papel en la conformación y patrocinio de la estructura paramilitar que operaba en la zona.
Los crímenes afectaron a los mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, así como a los indígenas José Vicente Villafañe y Amado Villafañe.
La decisión de la JEP también incluye una compulsa de copias contra Restrepo por su presunta participación en delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir, a raíz de los hallazgos forenses de restos humanos en la hacienda Bethania.
Estos hallazgos se produjeron tras una medida cautelar solicitada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, luego de que Restrepo negara durante más de un año el acceso a la propiedad para realizar labores humanitarias.
“Su posible participación en delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir con ocasión de los hallazgos forenses correspondientes a seres humanos encontrados en la hacienda Bethania”, señala el comunicado de la JEP.
En cuanto a los empresarios Alfonso Macías y los hermanos José y Carlos Mattos, la JEP remitió copias por su presunta implicación en los crímenes y en la promoción y financiación de estructuras paramilitares en Cesar.
Sobre José Mattos, el medio El Espectador reportó que enfrenta una investigación por su supuesta participación en los homicidios del ganadero Disnaldo José Perpiñán y su ahijado Carlos Alberto López, ocurridos el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi (Cesar).
Testimonios recogidos por El Espectador en 2018, provenientes de exintegrantes del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ubicarían a Carlos Mattos en al menos dos reuniones con el líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y su lugarteniente Óscar Ospino, alias Tolemaida.
Respecto a Wilson Ramírez, conocido durante el conflicto armado como Jhon Ramírez, la JEP solicitó su investigación por su presunto rol como jefe de seguridad de Alfonso Macías y como autor intelectual del homicidio de los mamos arhuacos.
Además, se le atribuye el delito de concierto para delinquir por su supuesta participación en grupos armados organizados.
La JEP también pidió a la dirección de extinción de derecho de dominio de la Fiscalía que adelante el secuestro de varios inmuebles pertenecientes a los señalados.
Entre estos bienes figura la hacienda Bethania, propiedad de Restrepo, que habría servido como base de operaciones para los grupos paramilitares y como lugar de alojamiento para los autores materiales de los crímenes.
“La misma hacienda Bethania, de Restrepo, lugar donde presuntamente se alojaron los autores materiales de los crímenes, además, fue base de operaciones de grupos paramilitares”, detalló la JEP en su comunicado.
En el caso de Alfonso Macías y sus herederos, la medida afecta una finca y un molino en El Copey, señalados como bases logísticas de estructuras paramilitares.
Según la JEP, en estos predios se habrían alojado hombres armados que participaron en la retención, tortura y asesinato de los mamos arhuacos.
Las propiedades de la familia Mattos también entran en la lista de bienes sujetos a extinción de dominio.
Se trata de una casa cerca de la plaza Alfonso López en Valledupar, donde, según la investigación, los mamos arhuacos habrían sido llevados tras su retención por grupos ilegales. Además, un apartamento, presuntamente de Carlos Mattos, ubicado en las inmediaciones del río Guatapurí en Valledupar, habría servido de refugio para los ejecutores materiales de los crímenes.
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