
La Fiscalía General de la Nación informó que más del 30% de los casos de desaparición en Colombia no son resueltos; además de aclarar que no hay un tiempo determinado para denunciar un caso de esta índole.
“Es importante resaltar que no hay ningún término para reportar una persona desaparecida. Las 72 horas no existen para la Fiscalía. Una vez se consulta en Medicina Legal, las fiscalías tienen unos fiscales de búsqueda urgente, que son los encargados de hacer todas las actividades de localización, búsquedas selectivas, de entrevistar a la familia, de recoger cámaras y encontrar a esta persona”, declaró el director de la Fiscalía a Caracol Noticias.
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Enfocados en los casos ligados a menores de edad, las cifras no dejan de ser preocupantes en el país, puesto que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 1.953 casos de desaparición durante 2024, de los cuales, más del 50% siguen sin ser esclarecidos.
En un informe de El Tiempo se expuso que existe preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos en el territorio nacional, que informaron que la mayoría de casos son protagonizados por menores que viven en un alto nivel de pobreza, ligados al conflicto armado y con una clara ausencia institucional.

En concreto, Medicina Legal informó que aún tienen más de 1.000 casos en los que los menores siguen desaparecidos, lo que representa un 52% de los reportados hasta el 31 de diciembre de 2024; en los demás, 919 fueron encontrados con vida y 14 niños fueron hallados sin signos vitales,
Para terminar con esta problemática, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) presentó una estrategia de Prevención de Riesgos Específicos, que está enfocada en promover los derechos de los infantes en el país.
El proyecto mencionado busca prevenir los casos de vulneración de los derechos de los menores, principalmente en territorios y zonas en las que no hay presencia institucional.

En los detalles expuestos sobre la estrategia, se conoció que se buscará tener más dinámicas sociales, culturales y económicas en las zonas del país en las que más existan riesgos de reclutamiento forzado, violencia intrafamiliar y explotación sexual.
La población que se beneficiará de manera directa con la estrategia son menores entre los 6 y los 17 años que estén en riesgo o ya hayan sido vulnerados de alguna forma; de la misma forma, serán incluidos los menores que estén en procesos administrativos del restablecimiento de sus derechos.
Sobre los operadores que ejecutarán el proyecto se informó que serán seleccionados después de analizar el tipo de aliados que se han inscrito en la licitación, que deberán contar con el consentimiento de los adultos responsables de cada menor y registrar su historial en los sistemas del Icbf.

Este no es el primer proyecto que busca cuidar los derechos de los menores, puesto que en 2024 el Congreso de la República aprobó la ley Sara Sofía, con la que se creará una alerta nacional que se activará en el momento que se reporte la desaparición de un menor de 12 años en el territorio nacional.
La alerta incluye un sistema para enviar información a tiempo real a dispositivos móviles y medios de comunicación para que se consolide una búsqueda eficaz del menor durante las primeras cuatro horas, que son consideradas vitales para localizar a la víctima con vida.
Cabe mencionar que al tratarse de una ley estatutaria, aún no se está aplicando porque se necesita el aval de la Corte Constitucional, en un proceso que ha recibido críticas por la falta de celeridad que se ha tenido hasta el momento.
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