La ironía de una concejala del Centro Democrático: denunció a Petro por los mismos delitos por los que ella fue señalada

La denuncia interpuesta por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, perteneciente al partido Centro Democrático, contra el presidente Gustavo Petro, se convirtió recientemente en un hecho que provocó múltiples reacciones y controversias, debido al proceso judicial que ella misma enfrenta por delitos similares a los que ahora le atribuye al mandatario, situación que puso su actuación bajo el escrutinio público y político.

La integrante del partido Centro Democrático y reconocida por su postura crítica frente al actual Gobierno Nacional, formalizó una denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según lo divulgado por la misma concejala a través de su cuenta en la red social X, la acusación incluye los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por aplicación oficial diferente.

“Colombia no merece un presidente que mienta y manipule la verdad. Le exijo que responda por sus actos y si es del caso, no le permitiremos que siga dañando nuestras instituciones ni que siga burlándose de los colombianos. Esto apenas comienza. ¡La justicia y la verdad van a prevalecer!”, publicó la integrante del Centro Democrático en la plataforma digital.

Este anuncio coincidió con el proceso judicial que la misma concejala enfrenta actualmente, en el que la Fiscalía General de la Nación le imputó esos mismos delitos en su contra, relacionados con hechos ocurridos hace una década durante su labor como fiscal especializada contra el crimen organizado.

Los cargos que se le atribuyen a Carrasquilla tienen origen en una operación judicial que lideró en Valledupar, donde se logró la captura y judicialización de 14 uniformados. Dos de ellos la denunciaron posteriormente, argumentando que fueron víctimas de un montaje judicial, y a raíz de estas denuncias, la Fiscalía inició un proceso en su contra, el cual derivó en varias audiencias.

Frente a la situación, la concejala defendió en el pasado su inocencia públicamente, pues en su momento le dijo al diario El Tiempo que: “Soy inocente y me voy a ir hasta la etapa de juicio oral, para que sea finalmente un juez de la República, en la controversia de este juicio oral, que yo pueda demostrar mi inocencia”.

Carrasquilla sostiene que las investigaciones en su contra tienen motivaciones políticas e insistió en que su papel como opositora fue el verdadero detonante del proceso. Añadió que continuará cumpliendo su labor como concejala y que no dejará de denunciar lo que considera actos ilegales cometidos por funcionarios del actual Gobierno.

El hecho de que Carrasquilla haya interpuesto una denuncia por falsedad ideológica en documento público, mientras enfrenta una imputación por ese mismo delito, no pasó desapercibido. Para algunos sectores críticos, esta coincidencia compromete la legitimidad de sus acusaciones y alimenta un debate más amplio sobre la instrumentalización de las instituciones judiciales para fines políticos.

Por eso, desde el sector del Pacto Histórico surgieron críticas que ponen en duda la coherencia del accionar de la concejala ante el presidente Petro. La senadora Isabel Zuleta, también a través de la red social X, señaló: “La IMPUTADA radicó una denuncia contra el Presidente Petro por el mismo delito por el cual es investigada y fue imputada. ¿La experiencia no se improvisa? Busca que la justicia actúe en contra de otros para tapar los delitos propios. El diablo haciendo ostias”.

La senadora publicó una imagen del documento en la que se muestra que los delitos que le atribuye al presidente coinciden con los que están siendo investigados en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, la Comisión de Acusaciones deberá determinar si la denuncia contra el presidente Petro procede jurídicamente. De ser admitida, se iniciaría una etapa preliminar de investigación en la que se recogerán pruebas y se escucharán testimonios para establecer si existen méritos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación formal ante el Congreso.