
Por condiciones climáticas adversas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y la cúpula militar y de Policía tuvieron que aterrizar de emergencia en Neiva, Huila, mientras se dirigían a Florencia, Caquetá, donde se llevaría a cabo un importante consejo de seguridad.
El incidente se registró en la mañana del jueves 15 de mayo de 2025, cuando la comitiva del alto funcionario volaba rumbo al sur del país para atender personalmente la creciente preocupación por el orden público en la región. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas sobre Florencia obligaron al piloto de la aeronave a desviar la ruta y aterrizar en Neiva, capital del Huila.
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A pesar del contratiempo, el Ministerio de Defensa confirmó que el ministro Sánchez no canceló su agenda y lideró el consejo de seguridad de forma virtual desde Neiva, acompañado de la cúpula militar y de Policía. En el encuentro participaron funcionarios de la Gobernación del Caquetá y varios alcaldes del departamento, quienes expusieron las principales amenazas que enfrentan sus territorios en materia de seguridad, orden público y presencia de grupos armados ilegales.
A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio de Defensa informó: “Por condiciones meteorológicas adversas en Florencia, Caquetá, el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol, y la Cúpula Militar y de Policía, aterrizaron en Neiva, Huila, para liderar el Consejo de Seguridad de manera virtual. Participan @GobCaqueta y alcaldes de este departamento del sur del país”.

En la misma publicación, la cartera de Defensa reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de los caqueteños, asegurando que se fortalecerán los dispositivos de seguridad en puntos estratégicos del territorio. “¡Fortaleceremos los dispositivos de seguridad en puntos estratégicos!”, concluye el mensaje.
La publicación también estuvo acompañada por varias imágenes en las que se puede ver al ministro Pedro Sánchez liderando el consejo de seguridad desde Neiva, rodeado de altos mandos militares y policiales. En las fotografías, se observa a Sánchez en actitud concentrada, escuchando a los representantes del departamento y tomando nota de las decisiones clave que se adoptaron en la reunión.

Fuentes del ministerio aseguraron que, a pesar del cambio logístico, se cumplió a cabalidad la agenda prevista para evaluar la situación de seguridad en Caquetá, una región históricamente golpeada por la violencia y el conflicto armado. Las autoridades reiteraron que no se bajará la guardia frente a amenazas como el narcotráfico, la extorsión y los grupos residuales que aún operan en la zona.
Con este consejo de seguridad, el Gobierno Nacional busca reforzar la presencia del Estado en los territorios más vulnerables y garantizar la tranquilidad de la población civil, en medio de un contexto de múltiples desafíos para la seguridad regional.

Caquetá, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia
Caquetá enfrenta una compleja y persistente situación de inseguridad debido a la presencia y confrontación de diversos grupos armados ilegales. Tras la desmovilización de las Farc en 2016, disidencias como el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), encabezado por alias Calarcá Córdoba, han mantenido una fuerte presencia en la región.
Estas facciones se disputan el control territorial, lo que ha resultado en enfrentamientos armados, paros forzados y restricciones a la movilidad de la población civil. En abril de 2025, se reportó que estas disputas han generado paros armados y amenazas que afectan gravemente la vida cotidiana de las comunidades locales.

La población civil sufre las consecuencias directas de este conflicto. Se han documentado casos de desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre una crisis humanitaria en Caquetá, destacando homicidios selectivos y restricciones a la navegación en municipios como Solano y Cartagena del Chairá.
Además, la Defensoría del Pueblo ha señalado que más de 2.000 personas quedaron sin acceso a alimentos, medicinas y educación debido al confinamiento impuesto en varias veredas
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