
Durante una audiencia de seguimiento realizada por la Corte Constitucional, el alcalde encargado del municipio de Mesetas, Meta, Julio César Torres, manifestó su inconformidad ante la estrategia de paz total que el Gobierno Nacional sostiene con estructuras armadas ilegales.
En su intervención, el mandatario cuestionó directamente los diálogos con las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Calarcá‘.
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El pronunciamiento tuvo lugar en el contexto de una sesión que abordó la situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz.
Allí, Torres expresó que las autoridades locales enfrentan limitaciones para proteger a la ciudadanía, debido al accionar de estos grupos y a la falta de claridad en los compromisos pactados con ellos.
El mandatario local señaló que existe incertidumbre respecto a las condiciones establecidas con las disidencias, sobre todo después del ataque en el departamento del Guaviare, en el que fueron asesinados varios soldados. “¿Cuáles son las reales reglas en la mesa de diálogos que tiene con Calarcá?, Si se les está permitido delinquir de la manera en que lo están haciendo porque nosotros como gobiernos municipales realmente estamos es sometidos al ridículo de estos grupos porque ellos ordenan hacer los cierres de los establecimientos, ordenan desplazar a la comunidad”, expresó Torres ante la Corte.
Según explicó el funcionario, en su municipio las autoridades han tenido que implementar restricciones como toques de queda para proteger a la población civil, ante amenazas de convocatorias forzadas hechas por el grupo armado. En lugar de recibir respaldo institucional, indicó que ha sido objeto de reclamos desde el alto Gobierno.
“Ha sido la única respuesta que hemos tenido de la Oficina del alto comisionado para la Paz y es hacer una llamada telefónica en reclamación al señor alcalde de por qué dictamos un decreto de toque de queda, es la única vez que se ha mostrado el interés del gobierno, no para ayudar, sino para poner en tela de juicio”, agregó Torres, haciendo referencia a la comunicación que recibió desde la oficina que lidera Otty Patiño.
A las declaraciones del alcalde se sumaron las de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien manifestó su preocupación por la falta de articulación entre las entidades nacionales y las autoridades territoriales frente a la crisis de seguridad en la región. Durante su intervención, también ante la Corte, expuso que los esfuerzos desde el nivel central han sido limitados.
“Es muy duro trabajar desde las regiones cuando uno todos los días ve hechos de violencia y ve un gobierno aquí encerrado en las oficinas sin trabajar articulado con los gobiernos subnacionales y con los alcaldes en los territorios. Muy complejo”, afirmó Cortés.
La gobernadora insistió además en la necesidad de que el Ministerio del Interior fortalezca su presencia en las zonas afectadas por el conflicto y reactive los mecanismos de prevención como el Comité Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de responder oportunamente a los riesgos para la población.
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