Andrea Valdés Contreras, una interna de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, denunció un presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido durante su reclusión en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
La mujer, condenada por homicidio agravado, asegura haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que habría resultado en un embarazo, según lo afirmó Semana.
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Actualmente, Valdés enfrenta amenazas y un alto riesgo para su vida e integridad, así como para la de su bebé en gestación.
De acuerdo con el medio, el pasado 6 de marzo, la oficina de abogados Alzate Hernández, que representa a Valdés, envió una carta a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitando medidas urgentes para proteger a la reclusa.
Según la información difundida por Semana, los hechos denunciados por Andrea Valdés ocurrieron mientras cumplía parte de su condena en la cárcel El Pedregal, en Medellín. Valdés fue condenada por el delito de homicidio agravado, pero durante su reclusión habría sido víctima de agresiones sexuales que, según las investigaciones en curso, habrían sido perpetradas por funcionarios del Inpec.
El 11 de octubre de 2024, Valdés descubrió que estaba embarazada, situación que, según su abogado, podría ser consecuencia directa de las agresiones sufridas.
Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, donde se le diagnosticó una amenaza de aborto. Según el abogado Felipe Alzate, defensor de Valdés, las sustancias abortivas encontradas en su cuerpo podrían haber sido suministradas sin su consentimiento por los mismos guardias del Inpec.
El hospital recomendó que Valdés fuera ubicada en una “celda abierta” para garantizar una atención adecuada debido a que su embarazo fue catalogado como de alto riesgo. Sin embargo, esta recomendación no fue atendida por las autoridades penitenciarias. Finalmente, el 10 de enero de 2025, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde permanece actualmente.
El caso de Andrea Valdés ha sido objeto de análisis por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que realizó una valoración médica de la reclusa. Según el dictamen, las condiciones de reclusión de Valdés constituyen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe señala que la falta de atención médica, la rotación de guardias para mantener un ciclo de abuso y la negativa a permitir contacto con autoridades o fundaciones de apoyo evidencian un patrón sistemático de violencia institucional.
El documento también detalla otras vulneraciones, como aislamiento, privación de derechos básicos y amenazas constantes. Estas condiciones, según el protocolo internacional de Estambul, configuran actos de tortura sexual y violencia de género, especialmente graves en contextos de privación de la libertad.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, visitó a Andrea Valdés en la cárcel El Buen Pastor y tuvo conocimiento directo de su situación. Sin embargo, en declaraciones al medio, la ministra aseguró no haber recibido el documento enviado por la defensa de Valdés el pasado 6 de marzo, en el que se solicitaban medidas urgentes para proteger a la reclusa.
El abogado Felipe Alzate cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Ministerio de Justicia y del Inpec, señalando que mantener a Valdés bajo la custodia de la misma institución que presuntamente la agredió constituye un acto de revictimización. “No puede ser que la señora esté bajo órdenes de las mismas personas –en términos institucionales– que la vulneraron, la agredieron y afectaron sus derechos fundamentales”, afirmó Alzate en el memorial dirigido a la ministra.
El caso de Andrea Valdés está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que buscan esclarecer las circunstancias de las agresiones sexuales y las posibles irregularidades cometidas por funcionarios del Inpec.
Según el abogado de Valdés, las amenazas y hostigamientos que ha recibido la reclusa tienen como objetivo silenciarla y obstaculizar las investigaciones.
En el marco de estas investigaciones, la defensa de Valdés ha solicitado que se le otorgue prisión domiciliaria como medida para garantizar su seguridad y la de su bebé. Además, se ha pedido que sea trasladada a un lugar de reclusión especial, como una guarnición militar o un centro de estudios policiales, donde no esté bajo la custodia del Inpec.
El caso de Andrea Valdés pone en evidencia las graves falencias del sistema penitenciario colombiano en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Según la legislación nacional e internacional, los reclusos tienen derecho a condiciones dignas de reclusión, incluyendo el acceso a atención médica adecuada y la protección contra cualquier forma de violencia o abuso.
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