El 6 de febrero, la justicia retoma el proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En esta etapa, se llevará a cabo la audiencia en la que se presentarán las acusaciones formales contra el exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, junto con los funcionarios Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez Melo.
En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación modificó la acusación contra el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, eliminando el delito de peculado por apropiación tras el preacuerdo alcanzado en el caso de corrupción en la entidad.
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La fiscal del caso, María Cristina Patiño, envió un documento al juez cuarto penal especializado de Bogotá con correcciones y adiciones al escrito de acusación presentado en noviembre, tras el preacuerdo alcanzado por los implicados con la Fiscalía. El Colombiano informó sobre el contenido del documento, en el que se detallan los ajustes derivados de la renegociación de cargos dentro del proceso por corrupción en la Ungrd.
Dicho documento con fecha del 5 de febrero detalla nueve ajustes en el proceso. Entre ellos, el primero establece la exclusión del delito de peculado por apropiación agravado, dado que fue parte del preacuerdo firmado entre López, Pinilla, Barreto y Rodríguez con la Fiscalía. Otro de los cambios incorpora al caso al procurador 23 judicial II penal, Raúl Gutiérrez Zambrano.
“Respecto de los delitos allí atribuidos, se elimina el punible de peculado por apropiación agravado, contenido en el artículo 397.2 del Código Penal (C.P.), debido a que este reproche fue objeto del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los procesados LÓPEZ MARTÍNEZ, PINILLA ÁLVAREZ, BARRETO GANTIVA, LÓPEZ ROSERO y RODRÍGUEZ MELO”, se lee en el documento.
El peculado es un delito en el que un servidor público se apropia indebidamente de bienes del Estado, de instituciones en las que este tenga participación, de fondos parafiscales o incluso de bienes privados que le hayan sido confiados por su cargo. De acuerdo con el artículo 397.2 del Código Penal, este delito ocurre cuando el funcionario usa esos recursos en beneficio propio o de un tercero, aprovechando su posición en la administración pública.
Según el medio antes mencionado, el documento también establece, en su tercer numeral, la exclusión del senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi Flórez, argumentando que no forma parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por otro lado, el cuarto punto aclara que la acusación por concierto para delinquir agravado solo se mantiene contra Luis Carlos Barreto Gantiva, ya que los demás implicados incluyeron este cargo en el preacuerdo firmado con la Fiscalía.
La Fiscalía decidió modificar la acusación tras el preacuerdo firmado con Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Andrés Rodríguez Melo. Según las investigaciones, López Rosero se habría beneficiado del esquema de corrupción relacionado con los contratos de carrotanques, lo que habría causado un detrimento patrimonial de 14.163 millones de pesos. En el caso de Barreto, exdirector de conocimiento de la entidad, se le señala de haber recibido una presunta coima de 150 millones de pesos.
En el contexto del preacuerdo firmado con la Fiscalía en noviembre de 2024, Luis Eduardo López Rosero deberá reintegrar 7.722 millones de pesos, Pedro Andrés Rodríguez Melo devolverá 1.000 millones y Luis Carlos Barreto Gantiva, 150 millones. Por su parte, Olmedo López se comprometió a restituir 724 millones de pesos, mientras que Sneyder Pinilla deberá pagar 618 millones como parte del acuerdo alcanzado con el ente acusador.
Considerado el mayor escándalo de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro hasta la fecha, este caso ha resultado en la salida de al menos cuatro altos funcionarios del Ejecutivo y ha puesto en riesgo de prisión a varios implicados. Además de los funcionarios de la Ungrd y el contratista involucrado, el proceso judicial alcanza a nueve congresistas, con una imputación formal y una confesión en curso.
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