
La situación energética en Colombia atraviesa un momento crítico. Y, precisamente, las medidas del Gobierno de Gustavo Petro parecen no satisfacer las urgencias advertidas por diferentes sectores.
Por eso, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, enfatizó en la necesidad de implementar medidas inmediatas y contundentes, como el pago de subsidios y la reducción de la deuda acumulada, para evitar un posible racionamiento en los servicios de energía y gas. “Es importante que el Gobierno ejecute acciones nacionales contundentes, como el pago de la deuda y subsidios, para evitar que en un futuro, no muy lejano, el país afronte el racionamiento en los servicios”, señaló el funcionario.
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Anteriormente, Rodríguez evidenció preocupación por la falta de claridad en la postura del Gobierno, lo que generó tensiones entre las autoridades y los actores clave del sector energético.

Ahora, durante una reunión organizada por la Contraloría el 5 de febrero, a la que fueron convocados varios representantes del sector energético y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se abordaron varios asuntos para abordar la problemática.
Ausencia del Ministerio de Minas y Energía
Entre los asistentes destacaron la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, y el presidente del Consejo Gremial y de Andesco, Camilo Sánchez, así como el procurador Gregorio Eljach y el ministro de Hacienda, Diego Guevara . Sin embargo, provocó controversia la ausencia del ministro de Minas, Andrés Camacho, que no solo no asistió, sino que tampoco envió un delegado. La decisión de no asistir por parte del ministro Camacho fue interpretada por algunos como falta de compromiso ante una problemática que ya afecta varias regiones del país. Esto se suma a un contexto en el que las tarifas de servicios básicos se convirtieron en un tema polémico por su impacto en la población más vulnerable.
Una de las preocupaciones principales radica en las millonarias deudas que el Gobierno acumula en este sector. Según datos de la Contraloría General de la República, los compromisos pendientes incluyen $2,7 billones en subsidios de energía y $3,4 billones corresponden a deudas por la opción tarifaria. Este panorama pone en riesgo, sobre todo, a las familias de los estratos 1, 2 y 3, que se ubican entre las más vulnerables.

La Contraloría advirtió que la falta de pagos podría derivar en problemas graves como el racionamiento. “De no hacer los pagos correspondientes, los estratos 1, 2 y 3 serán los más afectados”, alertó la entidad.
Compromiso del Gobierno
Por su parte, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, se pronunció durante la reunión, y se comprometió a atender de manera progresiva estas deudas en los próximos meses. Al respecto, Guevara explicó: “El Ministerio de Hacienda está comprometido en los próximos meses de, progresivamente, girar los subsidios”, por lo que destacó que ya se presentaron diferentes propuestas de flujo de caja para contrarrestar la presión que enfrenta el sistema energético.
También aseguró a Blu Radio que las acciones buscan evitar que ninguna ciudad del país quede sin acceso a los servicios básicos.

En el encuentro también se debatieron los impactos sociales y económicos que podrían enfrentar las comunidades si no se implementan soluciones en el corto plazo. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, resaltó la necesidad urgente de buscar un sistema financiero viable que evite una crisis más profunda. Aunque no se mencionaron decisiones inmediatas, sí quedó claro que el Gobierno tiene una labor crucial por delante para estabilizar el sector y garantizar la seguridad energética a largo plazo.
Sostenibilidad del servicio
Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) , liderada por Luz Stella Murgas, hizo énfasis en la necesidad de apoyo del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del servicio en medio de las dificultades económicas actuales. Aunque todavía no se detallaron de manera pública las propuestas discutidas en la reunión, se espera que se concreten pronto estrategias claras para evitar una crisis que se proyecta preocupante.
Esto, teniendo en cuenta que la incertidumbre sobre la toma de acciones inmediatas persiste, mientras los sectores políticos, empresariales y sociales esperan que el Gobierno tome medidas definitivas y efectivas para prevenir una crisis energética sin precedentes.
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