A través de una carta, integrantes del Congreso de Estados Unidos le manifestaron al presidente de ese país, Joe Biden, su preocupación por los esfuerzos que está realizando la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (Ustr), para negociar nuevas interpretaciones en las inversiones con Colombia por medio del Acuerdo de Promoción Comercial entre las dos naciones.
Según información de The Wall Street Journal, la Ustr está llevando a cabo conversaciones discretas con los Gobiernos de Colombia, México y Canadá.
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La misiva detalla que los congresistas temen que esta nuevas negociaciones puedan generar inconvenientes para Estados Unidos. Además, critican la falta de transparencia en las negociaciones.
“Recientemente nos hemos enterado, principalmente a través de informes de prensa, de los esfuerzos de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para negociar nuevas interpretaciones de las disposiciones relacionadas con inversiones en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, así como en el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación de que las nuevas interpretaciones propuestas puedan ser inconsistentes con el interés nacional. También nos preocupa profundamente la falta de transparencia en los esfuerzos de la USTR sobre este tema hasta ahora”, se lee en la carta.
En la carta revelada por La República y fechada el 9 de enero de 2025, los os legisladores explican que el T-MEC eliminó muchas de las protecciones del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (Isds, por sus siglas en inglés) que existían bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
No obstante, los negociadores estadounidenses lograron incluir un período de transición de tres años, respaldado por el Congreso, que permitió a las empresas estadounidenses con inversiones preexistentes presentar reclamaciones bajo los términos anteriores. Este período fue especialmente necesario debido a las acciones ilegales y de expropiación directa realizadas por el Gobierno de México en los últimos años.
Un ejemplo destacado es el caso de Vulcan Materials Company, que desde 2018 ha presentado reclamaciones bajo el Isds del Tlcan para recuperar pérdidas ocasionadas por invasiones, cierres arbitrarios y la expropiación directa de sus activos por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, la Ustr está buscando modificar la interpretación de disposiciones clave del T-MEC, lo que podría debilitar las posiciones legales de Vulcan y de otros inversores estadounidenses mientras sus disputas con gobiernos extranjeros aún están en curso.
Los legisladores también advirtieron que los cambios propuestos podrían ayudar al gobierno de México a eludir responsabilidades legales por acciones que califican como flagrantes. En lugar de garantizar resultados justos en los arbitrajes, estas modificaciones podrían reducir las probabilidades de éxito para los inversores estadounidenses. “No es necesario ser un defensor del Isds para ver esto como contrario al interés nacional”, señalan en la carta.
La preocupación principal radica en que la Ustr parece estar intentando resolver ciertos asuntos bilaterales antes de la conclusión del mandato de la Administración Biden, pero los legisladores creen que eliminar unilateralmente este tema podría impactar negativamente la capacidad de la próxima administración para asegurar un resultado positivo en las relaciones bilaterales con los países mencionados, donde hace parte Colombia.
Finalmente, el Congreso destacó que ni los legisladores ni las partes interesadas más afectadas han sido consultados o informados adecuadamente sobre estas negociaciones. Esto resulta preocupante porque las leyes comerciales de Estados Unidos exigen consultas regulares entre la Ustr y los legisladores sobre temas que afectan las obligaciones de inversión en acuerdos comerciales.
En la carta, se subraya la necesidad de que estas discusiones se lleven a cabo de manera transparente y colaborativa para proteger los intereses nacionales y garantizar resultados equitativos para los inversores estadounidenses.
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