Obras por impuestos: así es como el Gobierno le permite a las empresas reducir su carga tributaria

Obras por impuestos, un mecanismo que permite a las empresas pagar su impuesto de renta mediante la ejecución de proyectos en zonas afectadas por el conflicto, ha demostrado ser un ejemplo exitoso de colaboración público-privada en Colombia.

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Este sistema, que ha sido implementado y desarrollado a lo largo de tres administraciones gubernamentales con diferentes orientaciones políticas, ha visto un aumento significativo en su cupo anual, alcanzando un billón de pesos en la vigencia actual, según información del Ministerio de Vivienda.

El programa fue creado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, continuado por Iván Duque y consolidado bajo la administración de Gustavo Petro, quien no solo mantuvo el mecanismo, sino que incrementó su cupo.

A pesar de su éxito, el uso del cupo ha enfrentado desafíos, ya que no se ha utilizado en su totalidad en los últimos años. En 2023, se aprobó el 83% del cupo disponible, mientras que para 2024 se espera que la inversión alcance el 87%.

El mecanismo ha logrado atraer a un número creciente de empresas, algunas de las cuales han creado equipos dedicados a la gestión de obras por impuestos.

Esto ha permitido que las empresas ejerzan su ciudadanía corporativa, obteniendo beneficios reputacionales al saber exactamente a dónde se destinan sus impuestos.

Además, los municipios que ceden la ejecución de proyectos a terceros se benefician de recursos adicionales provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, el éxito del programa también ha traído consigo ciertos desafíos. La no deducibilidad de las regalías y el aumento de las autorretenciones del impuesto de renta han afectado la capacidad de las empresas para utilizar el mecanismo en su totalidad.

Las autorretenciones, que implican el prepago del impuesto de renta, han reducido el saldo por pagar a la Dian, limitando así los recursos disponibles para las obras por impuestos.

A pesar de estos obstáculos, el mecanismo ha demostrado que la colaboración entre el sector público y privado es posible y efectiva. Se ha convertido en un modelo a seguir para otras iniciativas de desarrollo en regiones afectadas por el conflicto y la pobreza, destacando la importancia de mantener y potenciar este tipo de programas.

Colombia ha implementado un mecanismo innovador llamado Obras por Impuestos, que permite a las empresas y personas naturales contribuir al desarrollo de municipios afectados por la pobreza y la violencia mediante la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos. Este sistema fue establecido en la Reforma Tributaria de 2016 y reglamentado por el Decreto 1915 de 2017.

El funcionamiento de este mecanismo permite a las empresas optar por realizar proyectos de inversión pública en lugar de pagar impuestos. Estos proyectos deben enfocarse en sectores como agua potable, saneamiento básico, energía, salud pública, educación, infraestructura vial, y tecnologías de la información y comunicaciones. Los beneficiarios principales son los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, conocidos como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La mayoría de las obras se llevan a cabo en municipios de Zomac y Pdet, ubicados en regiones que han sufrido conflictos armados y presentan altos índices de pobreza. Ejemplos de proyectos incluyen la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de acueducto y alcantarillado, y mejoras en la conectividad digital.

Las empresas participantes en este mecanismo pueden ser de cualquier sector, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa. Entre las empresas que han participado se encuentran grandes conglomerados y empresas locales que buscan contribuir al desarrollo de estas regiones.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) son las entidades encargadas de supervisar y coordinar el proceso de las obras. El gobierno asegura que los proyectos cumplan con los requisitos y normativas establecidas, proporcionando la supervisión necesaria desde la formulación del proyecto hasta su ejecución y recibo final.

Las empresas que participan en este mecanismo reciben un crédito fiscal equivalente a la inversión realizada, lo que les permite cumplir con sus obligaciones tributarias mientras contribuyen al desarrollo de las regiones más afectadas. Este sistema fomenta la inversión privada en el desarrollo de estas áreas y permite a las empresas contribuir directamente al progreso del país.