Rodrigo Londoño, exlíder de las extintas Farc, lanzó una fuerte crítica a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acusándola de buscar la “derrota moral” de los excombatientes. En una carta dirigida a la comunidad internacional, Londoño solicita al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países garantes del Acuerdo de Paz de 2016 que revisen la situación actual del tribunal.
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En su misiva, Londoño destaca que la implementación del acuerdo ha enfrentado numerosos obstáculos, superados principalmente gracias al compromiso de los antiguos combatientes, más que por la disposición del Estado colombiano. Desde la firma del acuerdo, 439 firmantes de paz han sido asesinados, lo que, según él, refleja la falta de voluntad oficial para cumplir con lo pactado.
“En reiteradas ocasiones hemos expuesto nuestras preocupaciones por la distancia que la magistratura de la JEP ha tomado de la letra y el espíritu del Acuerdo. Desde el mes de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Secretario General Antonio Guterres, atendiendo nuestras preocupaciones, alertaron al Estado sobre la demora de la JEP en emitir sentencias y la inseguridad jurídica que esta situación generaba en los comparecientes”, se lee en la carta.
Londoño expresa su preocupación por la distancia que la magistratura de la JEP ha tomado respecto al espíritu del acuerdo. Desde abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el secretario General, Antonio Guterres, han advertido al Estado colombiano sobre la demora de la JEP en emitir sentencias, lo que genera inseguridad jurídica para los comparecientes.
Las recientes declaraciones del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, según Londoño, han intensificado estas preocupaciones. El líder del Partido Comunes asegura que las palabras de Ramelli representan un grave riesgo para la seguridad jurídica de los firmantes, sugiriendo que la JEP busca su derrota moral en lugar de garantizar un proceso justo e imparcial. Además, critica a la magistrada Xiomara Balanta por afirmar públicamente que los firmantes son los principales responsables de los incumplimientos del acuerdo.
“No se puede entender que el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente, razón por la cual los procesos terminarán ante la justicia ordinaria con penas de cárcel. Tampoco la manifestación pública de la señora magistrada Xiomara Balanta, en el sentido de que los firmantes somos los mayores responsables de los incumplimientos del Acuerdo”, asegura la masiva.
Acto seguido añade que los “funcionarios mencionados son los jueces seleccionados para administrar la justicia transicional y restaurativa, creada por el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, con el fin de alcanzar la terminación definitiva del largo conflicto armado en Colombia, sobre la base de la verdad y los derechos de las víctimas. A nadie como a ellos debe exigírseles absoluta imparcialidad, así como la sujeción plena a la letra y el espíritu de lo acordado”.
Londoño señala que los magistrados de la JEP fueron seleccionados para administrar la justicia transicional y restaurativa, creada para poner fin al largo conflicto armado en Colombia, basándose en la verdad y los derechos de las víctimas. Por ello, insiste en que se les debe exigir absoluta imparcialidad y adherencia al acuerdo.
El líder de los excombatientes también dice que expertos juristas y académicos han hecho numerosas observaciones sobre el rumbo que la JEP ha tomado, lamentando la falta de disposición reflexiva de sus magistrados. Según él, las resoluciones y pronunciamientos de la JEP reflejan una doctrina penal del enemigo que el acuerdo buscó eliminar.
“Los firmantes de paz encendemos las alertas ante los riesgos que entrañan las actuaciones, omisiones y declaraciones de magistrados y magistradas de la JEP”, asegura Londoño en la carta.
Finalmente, Londoño hace un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a los riesgos que representan las acciones y declaraciones de los magistrados de la JEP, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para el proceso de paz en Colombia.