La suspensión de una herramienta clave para el análisis de la educación en Colombia generó una fuerte controversia en el sector educativo. Se trata del formulario C600 de la operación estadística de Educación Formal (Educ), cuya recolección fue interrumpida este año por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Este instrumento, aplicado anualmente, es fundamental para recopilar información detallada sobre los niveles de educación preescolar, básica y media, incluyendo indicadores como las tasas de deserción y repitencia, el estado de la infraestructura educativa y la situación de los docentes en el país.
Según el Dane, esta pausa obedece a un plan para rediseñar la herramienta, con el objetivo de “actualizar el instrumento de recolección para satisfacer las necesidades actuales del sistema educativo y facilitar una toma de decisiones efectiva por parte del Ministerio de Educación Nacional y demás usuarios de la información”. Sin embargo, esta medida generó incertidumbre y dudas entre expertos del sector.
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Para los analistas, lo más preocupante no es el rediseño en sí, sino la forma en que se implementó la suspensión. En la mayoría de los casos, explican, el Dane realiza empalmes entre el modelo antiguo y el nuevo, permitiendo mantener la continuidad de los datos. Esto plantea interrogantes sobre si la decisión responde a motivos técnicos o si hay razones adicionales detrás de la interrupción.
“La ausencia de datos actualizados nos deja sin herramientas para evaluar cómo va la educación en Colombia. No podemos contrastar ni verificar el cumplimiento de metas de manera correcta”, afirmó Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana (LEE). Este laboratorio, uno de los centros más destacados en el análisis de estadísticas educativas, calificó la situación como un “retroceso significativo”. En un comunicado, advirtieron que “la interrupción de la recolección de estos datos representa un retroceso significativo en la capacidad para realizar análisis oportunos sobre el sistema educativo y diseñar políticas públicas fundamentadas en evidencia”.
El impacto de esta suspensión no solo afecta a investigadores, también a los tomadores de decisiones en el Ministerio de Educación Nacional, quienes dependen de estos datos para diseñar estrategias. Además, otros actores, como observatorios educativos y medios de comunicación, enfrentan una falta de insumos para analizar el estado actual de la educación en el país.
Aunque el Dane aseguró que la herramienta se retomará en 2025 con un diseño más actualizado, la suspensión deja un vacío importante en el sistema estadístico del sector educativo, dificultando la posibilidad de hacer un seguimiento adecuado a las dinámicas escolares y a las condiciones en las que se encuentra la educación en Colombia.
Implicaciones en la educación
La suspensión en la recolección de datos clave para medir la situación educativa en un país tiene implicaciones profundas en varios niveles. Sin información actualizada, la capacidad de los gobiernos, investigadores y demás actores para analizar el estado real del sistema educativo se ve gravemente afectada. Esto no solo dificulta la planificación de políticas públicas, también limita el diseño de estrategias basadas en evidencia para abordar los retos educativos más apremiantes.
Uno de los efectos más preocupantes es la incapacidad de monitorear indicadores críticos como las tasas de deserción escolar, aprobación y repitencia. Estas métricas son esenciales para identificar tendencias preocupantes, como el abandono escolar en comunidades vulnerables, y para implementar intervenciones específicas en tiempo real. Sin datos confiables, resulta casi imposible priorizar recursos y tomar decisiones informadas que beneficien a los estudiantes.
Además, la ausencia de información detallada sobre la infraestructura educativa, el uso de tecnologías y la situación laboral de los docentes impide evaluar si las escuelas cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar un aprendizaje de calidad. Esto también limita la capacidad de medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4, que se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
Desde una perspectiva más amplia, la falta de datos impacta a los observatorios educativos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, que dependen de esta información para ejercer vigilancia y promover el debate público sobre las prioridades del sector educativo.