Gobernación de Antioquia defendió el impuesto que aumentará el costo de los recibos en el departamento

El miércoles 4 de diciembre de 2024, la Asamblea de Antioquia aprobó la nueva tasa de seguridad que propuso la Gobernación del departamento para hacer frente a las arremetidas de los grupos amados ilegales. Con esta nueva normativa se espera recaudar $1,09 billones con el fin de invertirlos en tecnología para la protección, dignidad locativa para la fuerza pública, Escuadrones Militares y Policiales.

“La inseguridad es el impuesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes, si no podemos disfrutarlos? La mejor inversión es la seguridad, creo en ella”, señaló Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, luego de que la tasa de seguridad recibiera el visto bueno de la Asamblea de Antioquia.

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Sin embargo, el impuesto causó polémica, ya que para obtener los recursos se planteó incluir la tasa de seguridad en los recibos de servicios públicos, especialmente el de la luz, que puede significar un aumento considerable del precio.

Según John Maya Salazar, gerente de Empresas Públicas de Medellín EPM, opositor del nuevo recargo, el proyecto del gobernador de Antioquia no es viable, puesto que no cuenta con las garantías legales para su implementación.

Con respecto a la negativa de la eléctrica de aplicar la recaudación de los recursos, Santiago Valencia, secretario de Hacienda de Antioquia, aseguró que avanzan en concertar con otros operadores la posibilidad de realizar el cobro en sus recibos.

Desde su conocimiento, resaltó la importancia de la tasa de seguridad como la única manera de hacerle frente a los altos índices de inseguridad que hay en el departamento.

“Nadie quiere entrar en este tipo de controversias, pero hoy la situación de orden público en Antioquia es muy delicada. El aumento de delitos como la extorsión, el hurto y los enfrentamientos entre estructuras criminales lleva al gobernador a no esperar al fin del Gobierno de Petro, que al final es el que nos tiene en esta situación”, señaló en diálogo con W Radio.

A su vez, explicó cómo el cobro de este impuesto se realizará con base al consumo mensual de energía en kilovatios- hora (kWh) y un porcentaje de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Estos indicadores varían dependiendo de la zona.

• Sector residencial: 0,0017 UVT por cada kWh consumido (80 pesos).
• Sector comercial: 0,0015 UVT por kWh (71 pesos).
• Sector industrial: 0,0013 UVT por kWh (61 pesos).

De igual manera, Valencia dio un parte de tranquilidad a los miles de antioqueños que se habían pronunciado en contra de la medida, confirmando que los hogares de estrato 1, 2, y 3 estarían exentos del impuesto, lo que equivale al 85% de la población. Asimismo, destacó que el 63 % de los usuarios comerciales pagarán hasta $28.400 mensuales, mientras que el 75 % de los industriales tendrán un tope de $122.000 al mes.

A pesar de las aclaraciones del secretario de Hacienda de Antioquia, varios políticos criticaron la decisión. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que afirmó que no cobrará el impuesto.

“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo con que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos”.

Bajo la misma línea, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que ”un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo”. En ese sentido, dijo que afectará de manera directa a los habitantes de Antioquia, puesto que contarían con menos recursos económicos para adquirir bienes como los productos de la canasta familiar.